Las sedes del Tribunal Supremo de Justicia y del Ministerio del Interior de Venezuela fueron atacadas el martes con disparos y granadas desde un helicóptero de la policía científica hurtado, denunció el presidente Nicolás Maduro, en una acción que condenó como «terrorista» y «golpista».
Maduro hizo un alto en un acto por el Día del Periodista para informar sobre el hecho poco después de que ocurrió y dijo que se desplegaron fuerzas especiales en la búsqueda del piloto y el grupo que secuestró la aeronave del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
Desde el helicóptero se realizaron 15 disparos contra la sede del Ministerio del Interior, en el centro de la capital, donde varias personas asistían a un evento social.
Luego fueron lanzadas cuatro granadas a la sede de la Corte Suprema donde estaba reunidos magistrados, según detalles divulgados posteriormente en un comunicado. No hubo reportes de heridos.
«Había en el Tribunal Supremo de Justicia una actividad social, pudieron haber ocasionado varias decenas de muertos o heridos, una tragedia», dijo Maduro al condenar el ataque.
El líder socialista, quien ha enfrentado en los últimos tres meses protestas constantes y cuestionamientos de la oposición, afirmó que las fuerzas de seguridad han neutralizado al menos otros 10 hechos como este recientemente.
«Ambos ataques fueron efectuados desde un helicóptero (…)hurtado de la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda de La Carlota, Caracas, por parte de un sujeto llamado Óscar Alberto Pérez, quien para cometer los atentados se valió de su condición de inspector adscrito a la división de transporte aéreo del CICPC», dijo el ministro de Comunicación, Ernesto Villegas.
Imágenes compartidas en medios sociales y locales supuestamente muestran a Pérez agitando una pancarta desde el helicóptero con la palabra «Libertad» y el número «350» en letras grandes.
El número se refiere al artículo constitucional que concede a las personas el derecho de oponerse a un gobierno antidemocrático.
Un video publicado en la cuenta de Instagram de Pérez, poco antes de que fuera denunciado el ataque, lo muestra de pie frente a cuatro hombres armados y con capuchas, diciendo que una operación estaba en marcha para restaurar la democracia.
«Este combate (…) es contra el gobierno nefasto, contra la tiranía», dice, alegando que son una coalición de funcionarios militares, policiales y civiles e instando a Maduro a renunciar y a la celebración de elecciones generales.
Medios locales también vincularon a Pérez a la película de acción «Muerte Suspendida» que coprodujo y protagonizó en el 2015, donde interpretó a un agente de inteligencia que rescata a un empresario secuestrado.
«CON LAS ARMAS»
El TSJ es un poder duramente criticado por los adversarios del sucesor del fallecido Hugo Chávez debido a sus decisiones a favor del Gobierno y en contra de la Asamblea Nacional controlada por la oposición.
Simultáneamente a las denuncias de Maduro, diputados de la Asamblea Nacional denunciaron que algunos fueron agredidos cuando intentaron impedir que guardias nacionales ingresaran material electoral para la próxima elección de los miembros de la Asamblea Constituyente, impulsada por Maduro.
Líderes de la oposición han hecho reiterados llamado a las fuerzas armadas de Venezuela a dejar de obedecer a un presidente al que califican de «dictador» y «asesino».
El mandatario advirtió horas antes que Venezuela sería liberada «con las armas» si su «revolución» socialista es puesta en riesgo por la violencia, en la que él insiste, los opositores han sumido al país.
«Yo sé lo digo al mundo, escuchen esto, y aspiro que el mundo escuche: después de 90 días de protesta, de destrucción y de muerte. Si Venezuela fuera sumida en el caos y en la violencia y fuera destruida la revolución bolivariana nosotros iríamos al combate», afirmó Maduro.
«Nosotros jamás nos rendiríamos y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas, liberaríamos la patria con las armas», agregó antes de juramentar a los integrantes del comando de campaña para la elección el 30 de julio de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente.
Esa advertencia fue rechazada por líderes opositores. «Es una declaratoria de guerra para nosotros los venezolanos», dijo Henrique Capriles lanzando una alerta a los militares: «Ustedes son los que tiene las armas (…) Las Fuerzas Armadas, ¿hasta dónde van a permitir que esta situación siga?».
Autoridades como la Fiscal General, Luisa Ortega, rechazan como inconstitucional la convocatoria de Maduro y la oposición ha dicho que tendría como intención oculta evitar que se celebren las próximas elecciones, incluyendo las presidenciales del 2018, e instaurar una «dictadura».
Miles de personas han tomado las calles casi a diario desde abril con marchas, trancas, plantones, barricadas y otras manifestaciones para exigir la celebración de las elecciones, la liberación de los políticos encarcelados y que se permita la ayuda humanitaria ante la escasez de alimentos y medicinas.
En hechos violentos que han rodeado las manifestaciones y la fuerte represión por parte de las fuerzas de seguridad con gas lacrimógeno, camiones hidrantes y perdigones, han muerto al menos 75 personas, algunas por impactos de armas de fuego de soldados.
Maduro, cuya aprobación cayó en junio a un 20,8 por ciento según recientes sondeos, señala a sus adversarios políticos como responsables de un intento de golpe de Estado en su contra, respaldado por Washington, y atribuye los problemas del país a una «guerra económica» de la oposición.
