El presidente de Brasil, Michel Temer, calificó este miércoles de «ficción» a la acusación por corrupción pasiva presentada en su contra por el fiscal general, mientras la crisis política se profundizaba amenazando con la posible remoción de un segundo mandatario en poco más de un año.
El presidente dijo que la denuncia en su contra tendrá un impacto negativo en la recuperación económica de Brasil, paralizando los esfuerzos por llevar adelante una reforma.
El líder conservador afirmó además que los ejecutivos del mayor procesador mundial de carne, JBS, que lo acusaron de corrupción en un acuerdo de delación compensada con la justicia, sólo lo hicieron para escapar de la cárcel por sus delitos.
«Fui acusado de corrupción pasiva sin haber recibido un centavo (…) Nunca vi ese dinero y no participé de acuerdos para cometer actos ilícitos», declaró el presidente en un discurso televisado a todo el país.
El mandatario agregó: «les digo, mis amigos, sin temor a equivocarme, que esta acusación es una ficción».
Bajo la ley brasileña, ahora que el procurador general Rodrigo Janot ha acusado a Temer, la Cámara de Diputados debe votar si permite o no que el Supremo Tribunal Federal juzgue al presidente, que reemplazó a Dilma Rousseff cuando fue removida del cargo tras un juicio político.
Dos tercios de la cámara baja deben votar contra Temer para que se lleve a cabo el juicio.
Los aliados de Temer en esa cámara dicen que tienen los votos necesarios para bloquear el juicio. Pero se cree que Janot presentará nuevos cargos de crimen organizado y obstrucción a la justicia contra el líder en las semanas próximas, obligando a los legisladores a múltiples votaciones sobre un posible juicio.
Varios diputados aliados de la coalición oficialista han dicho a Reuters que están preocupados porque múltiples votaciones para proteger a un líder altamente impopular podrían erosionar su apoyo, eventualmente abriendo la puerta para un juicio. La votación por la primera acusación tendría lugar en alrededor de un mes.
Si Temer fuera juzgado por el Supremo Tribunal, el presidente sería removido del cargo por al menos 180 días, dejando al presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, como presidente interino del país.
