La comisión designada por el presidente Danilo Medina para investigar la licitación y adjudicación de la Termoeléctrica Punta Catalina, en Baní, recomendó que la generadora sea terminada a los fines de evitar nuevos costos y pérdidas para el Estado. Asimismo, exhortó que sea administrada por el gobierno.
La Termoeléctrica es construida por la empresa brasileña Odebrecht, tras lograr su adjudicación por 1,945 millones de dólares. Está avanzada en cerca de un 80%.
La comisión para investigar la licitación fue designada por el mandatario tras la denuncia de que fue sobrevaluada en más de 1,000 millones de dólares y que se pagaron sobornos para su adjudicación.
No obstante, los comisionados no encontraron indicio de que fuera sobrevaluada ni que se haya pagado sobornos para su asignación. Estableció que el costos está dentro de los parámetros de otras plantas similares.
Esta puntualizaciones están contenida en el informe leído este vienes durante una rueda de prensa realizada en el salón de conferencias del Consejo Económico y Social de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).
En la lectura estuvieron presentes todos los integrantes de la Comisión, encabezada por Agripino Núñez Collado, quien la preside; José Luis Corripio Estrada (Pepín), empresario; Jorge Alberto Runos Cabrera, pastor evangélico; el presidente de Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Pedro Brache; el secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, Gabriel del Río Doñé, el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños Guzmán; el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, Persio Maldonado; el expresidente Ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee), Celso Marranzini, y el economista Jaime Aristy Escuder. Celso Marransini, no pudo estar presente pero participó via virtual.
De acuerdo a los externados en el proceso de licitación participaron 34 empresas, y fue seguida de acuerdo a las legislaciones del país, según estableció la consultora contratada para este fin.
También se concluyó que el comité de licitación pudo haber otorgado a los demás licitadores evaluar su propuesta técnica para no concluir con una sola licitación.
Igualmente, la comisión determinó que el proyecto Punta Catalina tiene un costo aproximado de 6% menor que el precio promedio basado en otras plantas, por lo que está dentro rango aceptable del costo.
La comisión, también, avaluó la posibilidad de sustituir a la empresa Odebrecht para la terminación de las plantas, pero se determinó que en el país no hay una empresa con la capacidad para concluirla, siendo Acero Estrella, una de la compañía asociada, la que mejor condición presenta pero no posee la capacidad para terminarla.
En ese sentido, los comisionados determinaron que para concluirla se tendría que volver a realizar otra licitación y contratar una nueva empresa.
La comisión plantea modificar la Ley 340-06 de compras y contrataciones del Estado, al carecer de elementos que pudiesen incrementar la capacidad de éste de obtener mejores resultados en dichos procesos.
Otra recomendación es la de propiciar que un Comité de Licitación no cuente con una mayoría de miembros que trabajen en la institución licitante, para así lograr una mayor capacidad de supervisión y cuestionamiento a las acciones de su dirección.
En lo referido a la ejecución de la obra, la comisión propone que se determinen las verdaderas razones del retraso y proceder como corresponda, así como no aceptar ajustes de precio hacia arriba de lo establecido en el precio contratado.
Plantea necesario terminar la obra dada la cuantiosa inversión realizada y así evitar daños y pérdidas cuantiosas adicionales para el Estado. Y tomando en consideración el costo que podría significar en términos de garantías, montos económicos y duración de la obra.
En su informe, la comisión sugiere al Estado negociar para que los terrenos pasen a ser de su propiedad, debido al nivel de inversión pública realizado en Punta Catalina.
El informe será entregado este lunes al presidente Danilo Medina y al procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez.
