El propósito del gobierno al crear una comisión de notables encargados para investigar el proceso de licitación y adjudicación de las plantas de carbón de Punta Catalina fue el de justificar su decisión y encubrir los hechos dolosos de la empresa brasileña Odebrecht.
Así lo consideró la Alianza por la Democracia (APD), quien consideró el informe como una burda maniobra que se hizo para evitar que se conozcan, se juzguen y se castiguen actos de corrupción comitidos en Punta Catalina confesados por la propia Odebrecht ante autoridades judiciales de EUA, Suiza y Brasil el 21 de diciembre pasado, uno de los principales actores de estos delitos.
Conforme lo indica una nota de prensa de la entidad, no obstante, el informe publicado por esta comisión pone al descubierto, los procedimientos ilegales utilizados para montar este proyecto, pese a sus esfuerzos por encubrirlos y justificarlos.
Aunque el documento asume como línea la defensa de la validez del proceso de licitación y adjudicación del proyecto de las plantas de carbón de Punta Catalina, el texto está marcado por múltiples incongruencias, vacíos y contradicciones a través de las cuales se descubre toda una serie de violaciones a la ley.
“Lo que en realidad revela el informe de la Comisión es que no se cumplió con la ley en la licitación y adjudicación de la obra. Incluso, algunos de los hechos reseñados pueden servir como elementos de prueba para la incriminación de algunas personas señaladas”.
Otro aspecto que destaca la ADP es que la referida comisión expresa, de manera apenas disimulada, que el Comité de Licitación estuvo bajo el control de la empresa Stanley Consultants lo que, a su juicio, no permitió una defensa adecuada de los intereses nacionales.
Además el Comité de Licitación a personal dependiente de Stanley Consultants, en la selección de esta empresa se violó la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas, ya que fue escogida mediante una comparación de precios cuando el monto del pago de este servicio excedía los límites establecidos por la ley para este procedimiento.
De acuerdo a la ADP, los comisionados no se limitaron a las tareas que les encomendó formalmente por decreto la Presidencia de la República, pronunciándose sobre temas de conveniencia para la propaganda gubernamental.
En cuanto el tema de soborno, es el gran ausente del informe, pues la delegación no hizo ningún esfuerzo particular por desentrañar el tema, sino que se limitó a informar que nadie les ofreció ninguna información al respecto y a reproducir una comunicación del Procurador General de la República diciendo que él tampoco sabe nada a propósito de sobornos en Punta Catalina.
“De los 92 millones de dólares que Odebrecht confesó haber pagado en sobornos en la República Dominicana, 52 millones fueron transferidos durante los dos primeros años de desarrollo del proyecto. No obstante, la comisión de investigación no pudo investigar nada al respecto”, concluye la ADP.
