La Federación Nacional de Trabajadores de Zonas Francas, Industrias, Comercio, Servicios y Afines (Fenatrazonas-CNTD), demandó este lunes un aumento de salario de un 30% para los trabajadores de zonas francas.
La entidad hace la propuesta en respuesta a la convocatoria para la discusión de la tarifa salarial para el sector de zonas francas industriales, e informó que luchará por un aumento que rebase ese porcentaje, porque se correspondería con un salario digno.
Santo Sánchez, vicepresidente de la Fenatrazonas, criticó la lentitud en que el Comité de Salarios conoce de las demandas salariales sectorizadas.
Precisó que se trata de casi 200 mil trabajadores que viven de ese sector y cuyo salario mínimo es de 7,000 mil pesos. “Como se entenderá eso les da apenas para subsistir, y lo que multiplica la pobreza y la marginalidad”.
Asimismo, el dirigente sindical manifestó que en las empresas de zonas francas continúan las violaciones a la libertad sindical y atropellos a los derechos humanos.
Dijo que apenas los trabajadores organizan un sindicato, sus dirigentes son cancelados, y los miembros más activos son intimidados y amenazados, llegado incluso hasta utilizar la fuerza pública para impedir su organización.
Citó el caso de la empresa Timberland, Miniking Togs, en el Cibao, así como en Aviam LTD, en el Este, entre otras, en las que se viola este derecho consagrado en el artículo 62 de la Constitución de la República, en los convenios 87 y 98 de la OIT de los cuales el país es signatario.
Fenatrazonas citó también entre sus reclamos, la necesidad de la aprobación de una nueva ley de seguridad social, que limite los múltiples beneficios que recibe el sector financiero de esa legislación, favorezca más a los trabajadores y alcance la universalidad.
“Cualquier iniciativa en ese sentido debe ser al margen de la propuesta del gobierno cuyo proyecto presentado hace unos meses, recibió el rechazo de trabajadores, médicos, enfermeras, y hasta de los propios empresarios”.
Sánchez dijo que en ese sentido se hace necesario convocar a los sectores vinculados con dicha ley, a una discusión sincera, en la que se tomen en cuenta sus opiniones y no sea fruto de un “consenso” hecho por el gobierno.
