Ocho venezolanos vinculados al gobierno del presidente Nicolás Maduro, incluido el hermano del fallecido presidente Hugo Chávez, fueron sancionados el miércoles por el gobierno de Estados Unidos por su participación en la recién inaugurado Asamblea Constituyente, que gran parte de la comunidad internacional ha denunciado como el comienzo de una dictadura en Venezuela.
El gobierno de Trump congelará los activos de estas personas en EEUU, les prohibirá viajar a Estados Unidos y no permitirá que ciudadanos estadounidenses puedan hacer negocios con los venezolanos recién sancionados, que incluyen miembros actuales y antiguos del gobierno, y a un líder de las fuerzas de seguridad de Maduro señalado por EEUU como un promotor de la violenta represión contra las protestas.
Las ocho personas son Francisco Ameliach, gobernador del estado Carabobo y líder del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); Tania D’Amelio, miembro del Consejo Nacional Electoral; Adán Chávez, hermano del fallecido presidente y gobernador del estado Barinas; Hermann Escarrá, abogado constitucional y delegado de la Asamblea Constituyente; Erika Farías, ministra de Agricultura Urbana; Bladimir Lugo Armas, coronel de la Guardia Nacional Bolivariana y jefe de seguridad del Palacio Legislativo; Carmen Meléndez Rivas, delegada de la Asamblea Constituyente; y Ramón Darío Vivas Velasco, delegado de la Asamblea Constituyente y líder del PSUV.
Los nuevos sancionados se unirán a una lista que incluye a Maduro, el vicepresidente Tareck El Aissami y otros 20 actuales y ex miembros del gobierno de Venezuela, las fuerzas armadas y el poder judicial, quienes han sido castigados mientras el sistema democrático de este país sudamericano rico en petróleo se desmorona.
“El presidente Maduro juró en esta ilegítima Asamblea Constituyente para afianzar aún más su dictadura y continuar estrechando su control sobre el país”, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado. “El desprecio de este régimen por la voluntad del pueblo venezolano es inaceptable, y los Estados Unidos estarán con ellos en oposición a la tiranía hasta que Venezuela sea restaurada a una democracia pacífica y próspera”.
Hasta ahora no hay una inminente sanción dirigida a la importante industria petrolera venezolana, aunque otras sanciones económicas siguen siendo posibles.
“Yo apoyo que el presidente (Trump) haya sancionado a estos funcionarios corruptos del régimen de Maduro”, dijo el senador estadounidense Marco Rubio, un republicano de la Florida que ha presionado por aplicar nuevas penalidades contra el gobierno de Venezuela. “Ha llegado el momento de que el presidente cumpla su promesa de imponer sanciones económicas significativas a la ilegítima dictadura de Maduro”.
La Casa Blanca se ha mostrado satisfecha con el efecto de sus sanciones individuales actuales, que están destinadas a fracturar el círculo del partido socialista de Maduro, y se ha centrado en obtener el apoyo internacional para imponer acciones adicionales.
“Les estamos golpeando en donde les duele más: en sus bolsillos”, dijo al Miami Herald en una entrevista reciente Carlos Díaz-Rosillo, director de políticas y coordinación interinstitucional de la Casa Blanca. “El menú de opciones que tenemos incluye otros tipos de sanciones, pero lo que vayamos a implementar realmente depende de lo que haga el gobierno de Venezuela”.
Países de América Latina y Europa se han unido a Estados Unidos para condenar a la nueva asamblea, que fue elegida el 30 de julio bajo la sospecha de un fraude electoral masivo.
El martes, 17 países de la región, entre ellos Argentina, Brasil, Canadá, Chile y México, se reunieron de forma urgente en Lima y condenaron formalmente la “ruptura del orden democrático”, diciendo que no reconocerán ninguna acción tomada por la “ilegítima” Asamblea Constituyente.
“Lo que tenemos en Venezuela es una dictadura”, dijo el ministro peruano de Relaciones Exteriores, Ricardo Luna, y agregó que algunos países podrían tomar acciones individuales contra Venezuela.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, utilizó un lenguaje similar.
“Una dictadura está en marcha”, dijo Santos en una entrevista a una televisión colombiana. “Están acabando con la democracia”.
Estados Unidos y sus aliados han mantenido que el legítimo poder legislativo de Venezuela es la Asamblea Nacional, que está controlada por la coalición opositora. La nueva asamblea se reunió el martes en la sede del Parlamento y aprobó un decreto en el que declaró que sus decisiones sustituirán a las de cualquier otra rama del gobierno.
La Asamblea Constituyente, encargada de reescribir la Constitución del país, fue instalada el viernes. Comenzó a ejercer sus poderes prácticamente ilimitados el sábado, e inmediatamente anunció el despido de la fiscal general del país, Luisa Ortega Díaz, quien estaba investigando al gobierno por cometer fraude electoral, corrupción y abusos de derechos humanos. El Departamento del Tesoro citó la expulsión de Ortega como una de las acciones que impulsaron sus últimas sanciones.
El martes, la oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas, que denunció la excesiva fuerza utilizada por las fuerzas de seguridad de Maduro para reprimir la disidencia, pidió al gobierno que proteja a Ortega, la fiscal general destituida.
También el pasado martes, la Corte Suprema de Justicia de Venezuela dictó una sentencia de 15 meses de cárcel al alcalde de la oposición, Ramón Muchacho, de Chacao, por permitir que manifestantes antigubernamentales bloquearan las carreteras. Muchacho, que ha estado escondido desde junio, es el cuarto alcalde de la oposición recientemente condenado por la corte, cuyos ocho magistrados de la sala constitucional fueron sancionados por Estados Unidos en mayo.
El gobierno de Trump había amenazado con sancionar a todos los 545 delegados de la Constituyente. Pero muchos son miembros socialistas humildes, incluyendo estudiantes, sin ningún perfil público. Los nombres más importantes de la asamblea son la presidenta y ex canciller Delcy Rodríguez, los diputados Aristóbulo Istúriz e Isaías Rodríguez, el poderoso delegado Diosdado Cabello y la delegada Cilia Flores, esposa de Maduro.
Estados Unidos ha dicho que tiene una larga lista de funcionarios chavistas que podrían ser sancionados en el futuro, pero la selección de nombres y la verificación de sus fechas de nacimiento y otra información clave de identificación lleva tiempo, y Estados Unidos quieren implementar estas sanciones de manera estratégica. Aplicar sanciones a la industria petrolera es considerado como una medida de último recurso, aunque son posibles muchas otras medidas, como aquellas dirigidas a frenar las transacciones financieras de Venezuela.
