Desde hace más de medio siglo, la problemática más latente en las relaciones dominico-haitianas ha sido el insoluble ingrediente de la demografía del vecino país, que se enlaza con la falta de educación, salubridad y una alimentación deficiente, que, sumada a una progresiva degradación medioambiental, ha convertido esta empobrecida parte de la isla en una nación de refugiados medioambientales.
En el pasado reciente, la industria azucarera dominicana se sustentaba principalmente en la mano de obra haitiana, hasta que llegó la mecanización del corte de la caña. En ese período, su existencia se limitaba a los bateyes, y se notaba poco su presencia en el país. Pero con la disminución de los precios internacionales del azúcar, y la consiguiente merma de la industria azucarera, esta mano de obra haitiana emigró al sector laboral de la agroindustria y la construcción.
Como Estado, su problema viene de lejos, pues desde 1844 Haití no ha podido conformar una democracia. Nació como Estado en una dictadura militar, con 22 constituciones (no modificaciones), con estructuración de “risibles imperios”, y 38 presidentes, de los cuales solo seis han llegado a su término.
En nuestro caso, desde el primer presidente Pedro Santana, hasta hoy, hemos mantenido cierta estabilidad política, que aunque ha sido tipo “dominicracia”, solo ha tenido algunos paréntesis o interrupciones democráticas.
En este escenario geográfico que compartimos forzosamente, los haitianos siempre han visto nuestro país como muchos dominicanos ven a los Estados Unidos y ya en menor medida a Puerto Rico, como El Dorado.
El tema de la inmigración sin límites ha sido un problema que -exceptuando a Trujillo, y a Balaguer en algunos aspectos-, ningún gobierno había enfrentado. Sin embargo, luego de la histórica sentencia del honorable Tribunal Constitucional No. 168-13, dictamen más importante luego de la Independencia Nacional, para resguardar nuestra soberanía, conjuntamente con las posteriores leyes y decretos, el panorama cambió, aunque una fuerte corriente mediática parece hacer creer que nunca ha habido más ilegales en nuestro territorio que ahora.
Se podría decir que, a pesar de toda esta barrera jurídica y los grandes esfuerzos de nuestras Fuerzas Armadas, un problema migratorio que nos afecta desde hace décadas, ahora parece ser visto con lupa.
Como he señalado en mis pasados ensayos, los últimos inmigrantes ilegales en llegar, no han ocupado los puestos de trabajo tradicionales de la agricultura y construcción, sino que están ocupando el trabajo dominicano de “chiriperos”, haciéndose más visibles en el panorama dominicano de nuestras ciudades, sobre todo con el avance tecnológico de las redes sociales, donde a veces la distorsión y el irrespeto las hacen instrumentos del mal.
Partiendo de las realidades de ambos países, parece impostergable promover y generar proyectos progresistas, tal como se ha hecho después del fatídico terremoto que ocurrió en Haití en el 2010, donde técnicos de experiencia han elaborado buenos proyectos de refundación de esa golpeada nación vecina, a ser implementados por la diáspora haitiana con el apoyo de las autoridades de su país y las dominicanas. Los mismos pasaron por los canales diplomáticos y gubernamentales, en espera de acción. Un ejemplo de esto lo constituye el proyecto para sustituir el uso del carbón vegetal por los “pellets” (granulados de madera, bagazos de caña y fibra de coco), en Haití y República Dominicana.
Mientras esperamos por estas iniciativas, la gente paga a los traficantes y sus cómplices para entrar ilegalmente al país, siendo el tráfico de personas uno de los negocios más rentables en el mundo, pero nadie paga para “repatriar” (palabra que habrá que acostumbrarse y no a la de deportar) a los indocumentados, situación que constituye un gasto enorme para el presupuesto nacional.
Las naciones desarrolladas suelen hacer repatriaciones masivas, sin que nadie las critique, por ser estas decisiones soberanas. Muchos países están sometidos a una fuerte presión migratoria (Europa, África del Norte, y Medio Oriente), y conociendo las condiciones particulares nuestras, es importante crear un conjunto de medidas restrictivas y de incentivos, a ser aplicadas a la realidad de los dos países.
Sin dudas, la presión externa sobre nuestra nación ha influido en la búsqueda de soluciones. De ahí, que la estrategia a seguir, es crear una presión internacional con el problema de Haití, pero invirtiendo la intención. Es decir, que el desarrollo precario que ha alcanzado la República Dominicana, con su territorio más o menos preservado (25% es hoy parque nacional), su industria turística casi autosuficiente en términos de insumos locales (95%), y el empleo masivo de mano de obra haitiana, que se ha saturado y deprimido, llegando a su límite, son factores que hacen que gran parte de la población de la Isla dependa del esfuerzo de la parte dominicana.
Necesitamos de la cooperación internacional para feliz término de este largo dilema.
Las consecuencias de la agravación de esta situación de desequilibrio, conllevarían al deterioro del medioambiente de la parte Este de la Isla (RD), que es la que alimenta a casi la totalidad de ella, y la convertiría en lo mismo que sucedió en la parte Oeste, es decir, Haití, casi un desierto, tornando a sus habitantes en “refugiados medioambientales”. De ahí, la necesidad de atender el problema migratorio de los haitianos a República Dominicana, desarrollando al mismo tiempo a Haití.
El carbón que utilizan los haitianos para cocinar, proviene en un 85% de los bosques dominicanos, representando una deforestación equivalente a 1,500,000 M3 de árboles por año, y el equivalente de igual número de toneladas de CO2 que parten a la atmósfera anualmente.
Si tomamos en cuenta el crecimiento de nuestra población y la de Haití, veremos que es tan importante para ellos como para nosotros el desarrollo de la agricultura haitiana, que le daría su independencia alimenticia, ya que pudiésemos en un futuro caer en un “déficit alimenticio”, independientemente del problema migratorio, por lo que, de acuerdo a la lógica, se deben contemplar medidas restrictivas y medidas de incentivo.
Medidas restrictivas a aplicar en RD
a) Declarar “Refugiados climáticos o medioambientales” a los indocumentados haitianos que cruzan nuestra frontera de forma ilegal, tomando en cuenta el deterioro ecológico de su país, lo que les da la posibilidad de ser atendidos por los programas de ayuda de las Naciones Unidas, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ( ACNUR).
b) Crear un centro de internamiento en “Territorio Haitiano”, cerca de Dajabón, Elías Piña y Jimaní, para los indocumentados ilegales, y procesar en un plazo no mayor de tres meses su situación. Estos centros serían administrados y financiados por la ACNUR y las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), respetando los derechos de los “Refugiados climáticos”. Los centros permitiría “filtrar” los que podrían optar por el mercado de trabajo, en función de las cuotas disponibles, a definir cada año, en cada sector de actividad del mercado dominicano.
c) Crear una unidad especializada perteneciente a la Dirección General de Migración para detectar los ilegales -con el recurso humano del Ejército Dominicano-, y enviarlos a esos centros, respetando sus derechos.
d) Diseñar un plan de “repatriaciones” que sería supervisado por ACNUR y las ONGs, evitando los malos entendidos y la injusta estigmatización que le están dando a la República Dominicana .
e) Obligar a aquellos empleadores dominicanos que no cumplieran con estas normas, a pagar lo que corresponde de acuerdo con la Ley de Trabajo, incluyendo el seguro de los trabajadores extranjeros, y crear un fondo de estímulo a las repatriaciones voluntarias.
f) Prohibir las exportaciones de carbón de leña, con la severidad de un censor romano.
g) Reforzar los efectivos del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (Cesfront ), aumentar su presencia en lugares donde no están, y proveerlos del entrenamiento, adoctrinamiento y los equipos necesarios (Drones, construir puestos, vehículos, etc.), así como darles una calidad de vida decente.
h) Rehabilitar la carretera internacional entre Haití-RD para un control efectivo de la frontera, con unidades móviles operacionales.
Medidas de incentivo a aplicar en RD
a) Crear incentivo fiscal fronterizo con dos Zonas Francas Internacionales Fronterizas, (Dajabón en el Norte y Malpase en el Sur), con el estatus de zona internacional, diseñadas de tal forma que los trabajadores haitianos no puedan acceder al país por esa vía. Solo se les permitiría acceder a esas zonas en el día y regresar a Haití al final de la jornada.
b) Instalar fábricas de “Pellets” a partir del bagazo de caña, suficientes para sustituir el mercado local de carbón y leña. Esta actividad permitiría crear suficientes empleos, de manera que se puedan emplear incluso a los depredadores que se dedican hoy a la destrucción de nuestros bosques.
Estrategia de implementación
Aprovechando la coyuntura de los acuerdos de París sobre el clima, y la proximidad de la ampliación del desastre ecológico haitiano hacia la República Dominicana, una primera etapa consistiría en la presentación de un programa de este tipo al Ministerio de Medio Ambiente de Francia, como país precursor del cambio climático. Un primer objetivo sería reconocer el desastre ecológico, y el carácter de “refugiados climáticos” de los haitianos que cruzan la frontera de forma ilegal hacia nuestro país.
