El Partido Dominicanos por el Cambio (DxC) emitió este viernes un comunicado sobre la situación imperante en la República de Venezuela, en donde hace un llamado a respetar estado de derecho, el libre ejercicio a la protesta, la participación política y el debido proceso judicial en el país sudamericano.
«Nuestra organización respeta y cree en el principio de autodeterminación de los pueblos, pero no es menos cierto que los países hermanos tenemos la obligación de solidarizarnos y alzar nuestras voces cuando una nación está siendo objeto de la intolerancia, la violación de derechos y la usurpación de funciones, con lo cual se lesiona y se destruye la democracia», indicaron.
Señalaron que DxC como institución creyente y practicante de la democracia, defensora de la institucionalidad y del respeto de los derechos humanos, no pueden permanecer indiferentes ante la lamentable situación que padece hoy en día la ciudadanía venezolana.
«Los lazos históricos y fraternos que unen a la República Dominicana y a Venezuela, como fue la acogida de dicha nación a nuestro padre fundador, nos obligan a solidarizarnos con el pueblo hermano, ante el grave conflicto social y político que acontece y que se empeora día a día en dicho país», manifestaron.
El partido que preside Eduardo Estrella, indicó que como organización política se mantendrán vigilantes frente a los acontecimientos políticos y sociales en Venezuela, esperando que la cordura y la sensatez se hagan presentes en las personas que hoy están desconociendo el estado de derecho en esta nación, para que la maltrecha democracia de dicho país pueda ser recuperada de forma satisfactoria.
Enfatizaron que «bajo ningún concepto ni circunstancia apoyamos ni respaldamos una intervención militar de una nación en otra, pues la soberanía y la libertad de los países deben ser respetadas de forma estricta y sin excusas, pero esto no nos impide que ante el sufrimiento que padecen los venezolanos, denunciemos las atrocidades que les afectan».
Al finalizar, declararon que «los miembros legítimamente elegidos de las instituciones públicas, no pueden ser sustituidos de forma arbitraria e ilegal por ningún órgano o personas que carecen de la legalidad y la legitimidad a tales fines».
