Para omitir la obligación de licitar los proyectos públicos, el Gobierno de México habría desviado miles de millones de pesos a través de una red de triangulación de fondos que involucra a 11 dependencias federales, según lo revela un exhaustivo reportaje del portal Animal Político y la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Solo de 2013 a 2014, la investigación periodística, titulada «Estafa maestra», ha detectado contratos ilegales por más de 430 millones de dólares, de los que se desconoce el paradero de más de 192 millones de dólares.
Dichos fondos fueron entregados a 186 empresas, 128 de las cuales «no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas», o simplemente no existen.
De esta manera, la investigación concluye que el Gobierno federal desvió los 192 millones de dólares a empresas fantasma.
¿Cómo funciona la «estafa maestra»?
En México, la Ley de Adquisiciones obliga al sector público a licitar sus contratos de obras y servicios, y poner a diferentes empresas a competir.
Las dependencias del Gobierno federal firman convenios con las universidades públicas y las contratan para brindar supuestos servicios.
De acuerdo con la ley, las universidades deben realizar al menos el 51% del servicio contratado.
Las universidades tienen el derecho de declararse incapacitadas para cumplir con sus obligaciones, por lo que pueden subcontratar a terceros para realizar los supuestos servicios.
En ningún caso hubo una universidad que cumpliera con el requisito del 51%.
Las instituciones educativas cobran por esta intermediación una comisión de entre el 10 y el 15% del total del convenio.
En los casos relatados en el artículo «Estafa maestra», la mayoría de las empresas subcontratadas resultaron ser fantasmas, lo que permitió triangular fondos y desviar miles de millones de dinero público.
El mismo procedimiento se implementó en 2010, cuando Felipe Calderón todavía era presidente. Los mismos esquemas fraudulentos siguieron durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, según la investigación.
¿Quiénes están involucrados en el supuesto fraude?
Según la publicación, en la maniobra participaron 11 dependencias tan variadas como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) o Petróleos Mexicanos (Pemex).
Asimismo, 8 universidades mexicanas, entre ellas la Universidad Autónoma de México, estuvieron involucradas en el fraude millonario, subcontratando a terceros para supuestos servicios como supervisar la perforación de pozos petroleros u organizar eventos.
El caso más sonado es el de la empresa paraestatal Pemex, que firmó 39 de los 73 convenios con 6 universidades del sur de México y repartió decenas de millones de dólares entre las universidades. Estas, a su vez, después de cobrar la comisión, transfirieron fondos a terceros.
De las 186 las empresas subcontratadas, 128 presentan irregularidades (11 de ellas fueron declaradas como «fantasmas»), «presentan lagunas legales que les habrían impedido obtener contratos públicos y, peor aún, la mayoría ni siquiera hizo el servicio contratado», según la investigación.
