Madrid.- La Justicia española citó este martes al expresidente del Gobierno regional catalán Carles Puigdemont, a 13 exconsejeros, y a los miembros de la Mesa del Parlamento regional (su órgano de Gobierno) a declarar por los delitos de rebelión, sedición y malversación los días 2 y 3 de noviembre.
La jueza de la Audiencia Nacional de España, Carmen Lamela, dictó un auto en el que llama a personarse este jueves en Madrid a Puigdemont, quien está en Bruselas junto a cinco de sus exconsejeros, donde -según dijo en conferencia de prensa- permanecerá hasta que tenga “garantías” de un “juicio justo”.
Además de la citación para este jueves y viernes, la magistrada les dio un plazo de tres días para depositar una fianza de 6.207.450 euros, correspondientes con la cantidad que suman las tres partidas presupuestarias aprobadas para la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre y, posteriormente, suspendidas por el Tribunal Constitucional.
Lamela se hizo cargo de la querella presentada este lunes por la Fiscalía española por conexión con la causa que tiene abierta por sedición, en la que investiga al exjefe de la Policía autonómica catalana Josep Lluís Trapero, a la intendente del cuerpo, Teresa Laplana, y a los líderes de las organizaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y Ómnium Cultural, Jordi Cuixart.
Estos dos últimos están en prisión preventiva desde el pasado 16 de octubre, mientras que Trapero y Laplana están en libertad pero con medidas cautelares, como comparecencias quincenales, retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y fijar domicilio y teléfono para estar localizable.
En su auto, Lamela explica que conforme al relato expuesto por el fiscal en su querella, los hechos investigados iban dirigidos a proclamar una república catalana independiente de España en una conducta encaminada o dirigida a romper la organización territorial del Estado.
La citación de la Audiencia Nacional llega el mismo día en el que el Tribunal Supremo llamó a declarar, a instancias de la Fiscalía, también el 1 y el 2 de noviembre, a los miembros de la Mesa del Parlamento regional catalán acusados igualmente de rebelión, sedición y malversación.
La Mesa permitió que el Parlamento regional debatiese y votase el viernes pasado sendas resoluciones para declarar un “Estado independiente en forma de república” e iniciar un proceso constituyente en Cataluña. Todos los acusados pertenecen a la coalición gubernamental Junts pel Sí (JxSí) -formada por independentistas de centroderecha y por republicanos de izquierda- y un miembro del grupo CSQP (izquierda).
El Ministerio Público considera que dieron una “falsa apariencia de legalidad” al proceso independentista y tramitaron leyes como la ya anulada del referéndum, que “solo podía celebrarse por la fuerza de la muchedumbre movilizada”.
Además, el Tribunal Constitucional español suspendió cautelarmente la declaración de independencia de Cataluña al aceptar tramitar un recurso de impugnación presentado por el Ejecutivo español, que advierte de los “evidentes efectos jurídicos y vinculantes” de esa declaración secesionista.
Todo esto en una jornada en la que el foco de atención estuvo en Bruselas, donde el expresidente regional catalán Carles Puigdemont compareció en una rueda de prensa, en la que no aclaró cuál será su futuro inmediato, aunque sí subrayó que no va a pedir auxilio en Bélgica y que sólo volverá a España cuando tenga “garantías” de un “juicio justo”.
“Nos quieren meter en prisión 30 años (…) Esto va a acabar con la idea de Europa y es un error enorme que todos vamos a pagar muy caro”, alegó Puigdemont, quien auguró que “al pueblo de Cataluña le queda un largo viaje por recorrer por delante”.
En ese sentido, el ministerio español del Interior recordó al líder secesionista que en España no se persigue a nadie por sus ideas, creencias u opiniones, “sino solo por su actuaciones al margen de la ley”. “Refugiándose en un victimismo que solo ellos creen, vuelven a olvidar que en España, como Estado de derecho, están garantizadas la seguridad y la libertad de todos sus ciudadanos”, indicaron fuentes del ministerio a Efe.
En estas circunstancias, y con las elecciones regionales catalanas en el horizonte (21 de diciembre), un sondeo realizado por el Centro de Estudios de Opinión (CEO) del Gobierno regional de Cataluña refleja que el apoyo a la independencia de esa región española ha crecido en los últimos meses y se sitúa en el 48,7%, frente al 43,6% de partidarios del ‘no’.
Esa encuesta se realizó a partir de 1.338 entrevistas hasta el pasado 29 de octubre, según consta en la ficha técnica del barómetro del CEO, que constata la “dificultad creciente de los encuestadores para hacer entrevistas en el contexto actual”.
En el anterior barómetro, publicado el pasado junio, previo a la jornada del 1 de octubre, el ‘no’ se situaba muy por encima (49,4%) del ‘sí’ a la independencia (41,1%).
