La Cámara de Representantes de Colombia aprobó la conformación de un tribunal especial para juzgar y sancionar a los antiguos comandantes de las FARC acusados de cometer delitos de lesa humanidad en medio del conflicto armado, quienes con algunas excepciones podrán participar en política pese a los castigos que reciban.
La denominada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aprobada el lunes hacia la media noche, es considerada la columna vertebral para implementar el acuerdo que se firmó hace un año con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que busca acabar un conflicto interno de más de medio siglo que ha dejado 220.000 muertos.
La JEP, que también juzgará y sancionará a militares acusados de cometer crímenes de guerra como desapariciones, masacres y genocidios en medio del conflicto armado, forma parte del acuerdo que permitió a más de 11.000 integrantes de las FARC, incluidos unos 7.000 combatientes, dejar las armas y conformar un partido político.
La ahora Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, rechazó los cambios introducidos por la Corte Constitucional y el Congreso al nuevo sistema de justicia, incluidos la prohibición de juzgar a exfuncionarios del Estado a los que acusa de haber apoyado a los escuadrones paramilitares de ultraderecha.
“Con este paso avanzamos hacia la paz. La justicia transicional garantiza los derechos de las víctimas y sienta las bases de la reconciliación de los colombianos”, escribió el presidente, Juan Manuel Santos, en su cuenta de Twitter.
Con las modificaciones, los antiguos líderes y combatientes guerrilleros podrán participar en política, pero enfrentan el riesgo de perder beneficios si cometieron abusos sexuales contra menores de edad, e incluso ser extraditados por crímenes cometidos tras la culminación del proceso de paz.
“Se logró una JEP con dientes. El miembro de las FARC que cometa un delito reincidente saldrá inmediatamente del régimen especial y se va para la jurisdicción ordinaria. Los delitos sexuales no se cobijarán”, dijo a periodistas el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara.
La Cámara de Representantes y el Senado deberán conciliar esta semana un único texto antes de que la ley pase a sanción de Santos, tras lo cual surtirá un examen de legalidad por parte de la Corte Constitucional.
El presidente de la FARC y ahora candidato presidencial Rodrigo Londoño, denunció que los recientes cambios a la JEP, como el sistema de selección de los magistrados, ponen en riesgo la implementación del acuerdo de paz y evidencian el incumplimiento por parte del Estado.
Bajo el nuevo sistema, quienes reconozcan responsabilidad y verdad en infracciones graves de los derechos humanos recibirán una sanción de entre cinco y ocho años, incluyendo restricciones efectivas de algunas libertades y derechos como la movilidad. La imposición de cualquier sanción por parte de la JEP no inhabilitará la participación en política.
