Un tribunal civil condenó al expresidente salvadoreño Mauricio Funes por enriquecimiento ilícito y le ordenó devolver el dinero al Estado.
En la misma resolución la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador condenó a su hijo por el mismo delito, inhabilitó a Funes para ocupar cargos públicos por los próximos 10 años y absolvió a la ex primera dama Vanda Pignato.
El expresidente y su hijo Carlos Mauricio Funes Cañas, ambos asilados en Nicaragua, no pudieron justificar el origen de 419.145 dólares que tenían en su poder.
El fiscal del caso Héctor Martínez dijo que Pignato fue exonerada tras demostrar que su exesposo pagó sus cuentas ya que ella no recibía salario por su trabajo en la Secretaría de Inclusión Social de la presidencia.
Minutos después de conocerse la resolución del tribunal Funes reaccionó en su cuenta oficial de Twitter y rechazó la condena, a la que calificó de “injusta y arbitraria”.
“No se puede condenar a imputados que no sustrajeron dineros del Estado y que su patrimonio es lícito sólo porque existe una presión de la derecha para hacerlo. Apelaremos esta sentencia”, escribió.
El juicio contra Funes, su hijo y su exesposa fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia luego de conocer un informe de la Sección de Probidad en el que se determinó que el exmandatario no había podido justificar algunos de sus gastos.
La Fiscalía General también mantiene abierta una investigación contra el exmandatario por otros cinco delitos que podría haber cometido durante su administración entre 2009 y 2014.
Funes, de 58 años y que llegó al poder postulado por el exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), es el primer expresidente salvadoreño condenado por enriquecimiento ilícito desde que en 1959 se aprobó la ley que castiga ese delito.
El expresidente Francisco Flores (1999-2004) murió en enero de 2016 cuando se encontraba bajo arresto domiciliario a la espera de un juicio por el supuesto desvío de 15 millones de dólares en 2001.
Tony Saca, que gobernó el país de 2004 a 2009, está siendo procesado por el presunto desvío de al menos 246 millones de dólares y según las autoridades de ese monto unos 116 millones fueron cobrados en efectivo y remitidos a cuentas particulares de empleados de Casa Presidencial y luego trasferidos a cuentas y empresas, algunas de Saca.
