Un tribunal argentino condenó a prisión perpetua a 29 represores de la dictadura militar que gobernó al país entre 1976 y 1983, en una masiva causa por violaciones a los derechos humanos que analizó cerca de 800 casos de secuestros, torturas y asesinatos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Otros 19 acusados recibieron penas de 8 a 25 años de cárcel. Varios de los inculpados -entre ellos los excapitanes Alfredo Astiz y Jorge “Tigre” Acosta- ya cumplen sentencias por su rol en el gobierno de facto que persiguió a opositores y dejó a 30.000 personas desaparecidas, según grupos de derechos humanos.
Se trata del tercer juicio sobre los casos ocurridos en la ESMA y el primero que incluyó condenas a involucrados en los “vuelos de la muerte”, una práctica que implicaba drogar a los secuestrados y arrojarlos desde aviones militares al Río de la Plata, que desemboca en el Atlántico Sur.
“Darles ‘pentotal’ (un sedante) antes o durante el vuelo a los nuestros, antes de tirarlos al río o al mar, realmente es impresionante, es tétrico”, dijo Ángela ‘Lita’ Boitano, presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y madre de dos víctimas la dictadura.
Cientos de personas se reunieron el miércoles en el exterior de los tribunales de Comodoro Py, en Buenos Aires, para escuchar la sentencia, cuya lectura se extendió por más de tres horas. Cada condena fue recibida con gritos y aplausos por la multitud, entre la que había militantes y familiares de desaparecidos.
Entre los seis absueltos está Juan Alemann, quien ocupó el cargo de secretario de Hacienda de Argentina entre 1976 y 1981 y era uno de los pocos civiles acusados por participar del plan sistemático de violaciones a los derechos humanos.
Varios de los 64 imputados -en su mayoría ancianos- murieron desde que comenzó el juicio en 2012. Muchos casos fueron considerados agravados porque las víctimas eran perseguidos políticos, entre otros factores.
“Estamos conformes, en el sentido de que los juicios avanzan a pesar de este gobierno, que sigue poniendo tantos palos en la rueda de la Justicia”, dijo Lidia Miy Uranga, más conocida como Taty Almeida, representante de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, una organización creada en plena dictadura para reclamar por la aparición de sus hijos.
En mayo, cientos de miles de argentinos protestaron contra un fallo de la Corte Suprema que redujo casi a la mitad la pena de un condenado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, una decisión por la que muchos culparon al Gobierno liberal del presidente Mauricio Macri.
Argentina condenó el año pasado a 15 exmilitares por su rol en el llamado Plan Cóndor, entre ellos a un expresidente. Fue la primera vez que la justicia comprobó la coordinación entre dictaduras de Sudamérica para el secuestro y desaparición de disidentes políticos en las décadas de 1970 y 1980.
