Por Balbueno Medina
Ha llegado la hora de que en la Republica Dominicano nos dejemos de darle vueltas a la solución definitiva que amerita la creciente migración de haitianos hacia este lado de la Isla, algo que sin lugar a dudas en los últimos años se ha tornado preocupante para la paz y la estabilidad social del país.
Está claramente establecido que entre dominicanos y haitianos existe un marcado distanciamiento socio cultural que nos impide convivir en un mismo espacio, pese a que habitamos la misma Isla, por lo que a ambas partes lo que más les conviene es desarrollar el espacio que les dio origen.
Las noticias de conflictos, enfrentamientos, insubordinación y asesinatos que frecuentemente se producen en nuestros pueblos, barrios y comunidades en que habitan grandes cinturones de haitianos, cada vez son más frecuentes, debido a las discrepancias que se suscitan con nuestros nacionales, producto de las diferencias culturales y el modo de vivir que nos separa abismalmente.
Sin embargo, a esa situación que en el actual momento ha rayado en el extremo, hace un buen tiempo se le ha venido dando largas, a través de los distintos gobiernos que hemos tenido, por temor a ser condenados o criticados por la comunidad internacional que se ha comportado de manera irresponsable frente al problema haitiano y la desgracia que sumió a ese país en la más espantosa miseria, a raíz del terremoto que lo devastó en el año 2010.
A partir de ese momento en que la Republica Dominicana destino grandes recursos de su presupuesto nacional para auxiliar a los damnificados haitianos, víctimas del terremoto de 7.7 en la escala de Richter, han sido incuantificables los millones de pesos que ha erogado el país en el financiamiento de programas sociales, las construcciones de obras y el ordenamiento migratorio de la vecina nación.
Para sustentar lo que acabamos de decir, pondremos como ejemplos, la cantidad de recursos del presupuesto nacional que el gobierno eroga a través de los hospitales públicos en el financiamiento de la enorme cantidad de parturientas haitianas que acuden a esos centros asistenciales, el pago del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros compuesto en más del 90 por ciento por haitianos y la gran inversión que se ha hecho en el programa de reforestación llevado a cabo en la línea fronteriza, cuyos predios fueron devastados por los nacionales del vecino país.
Lo cierto es que todavía a nadie se le ha ocurrido establecer con exactitud el porcentaje de recursos del presupuesto nacional que el Estado dominicano destina al financiamiento del pueblo haitiano, pero llegara el momento en que tendremos que hacerlo para explicarle a los críticos y condenadores del pueblo dominicano las razones del por qué no podemos más seguir cargando con ese fardo tan pesado.
Como sucede en cualquier Estado organizado, en la Republica Dominicana, contamos con Leyes que regulan los estatutos migratorios de los extranjeros y esas normativas deben ser aplicadas a toda persona que sin ser dominicano transite nuestro territorio, porque de esa manera tendremos un mejor control de lo que tenemos y evitaremos que se sigan escondiendo delincuentes de todas partes del mundo.
Esos controles deben incluir un freno en la erogación de recursos del Estado dominicano sin ningún tipo de garantías de retorno como el que se ha querido imponer desde la Junta Central Electoral, con el registro de nombres de extranjeros que carecen de apellidos, en una clara demostración de organizar el desorden en que nos ha metido una migración incontrolable e irresponsable como lo es la haitiana en nuestro territorio.
Es, pues, el momento de tomar las decisiones que nos permitan organizar la Republica Dominicana del siglo XXI y contener un flujo migratorio, no solamente del vecino país de Haití, que nos ha afectado por casi dos siglos, sino de otras naciones de Centro y Suramérica que han importado manifestaciones peligrosas de la delincuencia y el crimen organizado nunca antes vistas en nuestro país.
