El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, afirmó que los poderes Ejecutivo y Legislativo “han mantenido arrodillado al Poder Judicial” al reducirle el monto que solicita como presupuesto, lo que, a su juicio, impacta su independencia.
Asimismo, señaló que el presidente de la Suprema Corte de Justicia(SCJ), podría recurrir al Tribunal Constitucional para lograr que no le sea modificada arbitrariamente la partida que somete al Presupuesto General de la Nación.
Al ser entrevistado por la abogada Lenis García, en su programa “Opiniones”, Castaños Guzmán respaldó el reclamo realizado por el presidente de la Suprema, Mariano Germán, de que el Poder Judicial requiere una mayor partida presupuestaria para operar con eficiencia.
«El presidente de la SCJ habló con mucha claridad porque nosotros tenemos que partir de que la Justicia es un poder y como poder es parte de un sistema. Dentro de esa lógica constitucional del Estado, cada uno de esos poderes tiene sus atribuciones. Evidentemente, si eso es así, se supone que si un poder del Estado plantea cuál es su presupuesto, por lo menos el Ejecutivo no puede cambiarle lo que el Poder Judicial le somete para que incluya en la Ley General de Presupuesto», explicó el jurista.
Castaños Guzmán argumentó que esta situación no se ha resuelto debido a la injerencia política. En ese sentido, criticó que tanto el presidente de esa alta corte como el secretario del Consejo Nacional de la Magistratura, Frank Soto, no procedan de la carrera judicial.
«Los jueces de la SCJ tienen que ser malagradecidos, no pueden estar pendiente o creyéndose que se deben a aquellos que los nombran. Se debe romper con eso, si eso no fuera así el presidente de la SCJ hubiese apoderado del caso al Tribunal Constitucional», enfatizó.
«La política invade a ese poder del Estado, no me niego a que el presidente de la SCJ provenga de la política, lo que no entiendo es cómo un juez que no vino de la carrera también represente al Poder Judicial en el Consejo. Es decir que los dos que vinieron de la política son los que representan al Poder Judicial cuyo 75% de la matrícula y el 100% de los demás estamentos son de la carrera. Ahí deberían estar representados los jueces de carrera», planteó jurista.
