El Partido Revolucionario Moderno (PRM), ha afirmado que la política ambiental del país se ha estancado, después que recibiera un gran impulso con la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-00), y la creación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
En un documento firmado por el doctor Cecilio Díaz Carela, secretario nacional del Medio Ambiente del PRM, con motivo de conmemorarse este 5 de junio el 46 aniversario de la Declaración del día Mundial del Medio Ambiente, dicha organización manifiesta que la razón fundamental de este estancamiento se debe a que en los sucesivos gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), no se ha entendido que los objetivos y fundamentos de la Ley 64-00, y sus leyes complementarias, constituyen el instrumento esencial para alcanzar el desarrollo sostenible del país.
Afirma que, por el contrario, los gobiernos del PLD, incluyendo el actual, han preferido la discreción, la inacción y la falta de transparencia, y la indulgencia para la prestación de buenos servicios, en la toma de decisiones para la planificación y puesta en ejecución de políticas ambientales eficaces basadas en los principios rectores que inspiraron la Ley General de Medio Ambiente.
Expresa, que en tal sentido, el artículo 28 manda a que en la planificación del desarrollo de nuestro país se incorpore la dimensión ambiental, a través de un proceso dinámico y participativo en el que se agrupen todas las instituciones públicas, centralizadas y descentralizadas, incluyendo los ayuntamientos, de este modo, cada una de estas instituciones deberían incluir las partidas presupuestarias que demanden los problemas ambientales a que se enfrentan, a nivel local, regional y nacional.
Según el PRM, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha sido incapaz de convertirse en el motor que impulse la dinámica, ni tampoco ha promovido la promulgación de las leyes y reglamentos complementarios que coadyuven a fortalecer la aplicación de la Ley General, para que esta pueda garantizar el manejo sostenible y uso racional de recursos vitales como el agua dulce; tan necesaria para la vida diaria de nuestra población, así como para la operatividad de sectores tan importantes de la economía como los sectores industrial, agropecuario y el turístico.
Agrega la entidad, que la política hídrica del gobierno no ha generado expectativas en la población, ni aún con la creación de la «Mesa del Agua», la cual, a pesar de tener casi dos años de creada, todavía subyacen problemas fundamentales en cuanto a la desigualdad en el servicio de agua potable y saneamiento que recibe la población dominicana.
Enfatiza que a estas alturas el 50 % de la población de escasos recursos no está conectada a los sistemas de suministro de agua potable y sólo el 10 % recibe abastecimiento continuo del líquido. Igual tratamiento para el saneamiento, sólo el 20 % de las viviendas de familias de escasos recursos, está conectada al sistema de alcantarillado y de las familias que son consideradas como no pobres sólo 50 % está conectadas a estos servicios.
“Estos porcentajes demuestran que de los casi once millones de dominicanos que deberían recibir los servicios de agua potable y alcantarillado más de la mitad carece de los mismos y la otra mitad no los recibe adecuadamente, por lo cual esto debería merecer una respuesta rápida y efectiva de parte del Estado, por la repercusión que esto tiene en la propagación de enfermedades y en la salud, especialmente en la población infantil”, recalca.
Manifiesta que un sector como el del agua, que mueve tantos recursos económicos de forma desordenada y poco controlada, debiera estar ordenado a través de una ley que reduzca al mínimo los conflictos interinstitucionales y permita que parte de esos recursos económicos se destinen para cubrir los costos de rehabilitación y protección de las cuencas hidrográficas, y sirvan además para la construcción de los embalses que van a garantizar, en el futuro próximo, el suministro que requiere la población para sufragar sus necesidades; así como corregir el alto porcentaje (54 %) que se pierde en la redes de distribución y en el mal uso, por la falta de programas de prevención y educación ciudadana.
