Calles vacías y comercios y mercados cerrados eran el común el viernes en la mayoría de ciudades de Nicaragua, donde asociaciones civiles se unieron en un paro nacional de 24 horas para exigir la renuncia del presidente Daniel Ortega por violaciones a los derechos humanos.
Esta es la segunda paralización nacional desde el inicio en abril de protestas en contra del Gobierno de Ortega, que han dejado más de 300 muertos y sumido al país centroamericano en su mayor crisis política desde el triunfo de la “revolución sandinista” hace casi 40 años.
El paro sigue a una multitudinaria marcha nacional el jueves convocada por grupos de la sociedad civil que piden a Ortega que deje el poder y convoque a elecciones anticipadas.
Medios locales transmitían reportes desde Managua y las principales ciudades del país en los que se observaban las calles vacías y comercios cerradas, en el mismo día en que Ortega celebró en la ciudad de Masaya una tradicional marcha conmemorativa de la revolución que encabezó en 1979.
Álvaro Leiva, un portavoz de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), había pedido al presidente no viajar a la ciudad, localizada a unos 25 kilómetros de la capital, donde se han registrado enfrentamientos entre manifestantes y policías, para evitar nuevos actos de violencia.
Al término de la marcha, Ortega lamentó la crisis en un breve discurso que lanzó ante un grupo de simpatizantes y aseguró que su Gobierno mantiene su disposición a dialogar con los detractores.
“Los invito a que depongan la confrontación y nos unamos todos para darle al pueblo la paz que Nicaragua necesita”, dijo Ortega, cuyo tercer mandato presidencial consecutivo está programado para terminar en 2021.
Por la tarde, medios opositores y usuarios de las redes sociales denunciaron que se escuchaban disparos en diferentes puntos de Masaya, así como ataques de paramilitares contra jóvenes que permanecen atrincherados en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en la capital Managua.
Nicaragua ha estado convulsionada por disturbios desde que Ortega propuso recortar beneficios de pensiones para cubrir un déficit de seguridad social. El plan, que fue descartado posteriormente, desencadenó las manifestaciones.
En Washington, la Organización de Estados Americanos (OEA) discutió el viernes la situación del país. Durante la sesión, el canciller del país, Denis Moncada, rechazó que “se quiere imponer a Nicaragua que cambie su gobierno rompiendo su Constitución, rompiendo el estado de derecho”.
“No se puede fortalecer la institucionalidad, no se puede fortalecer la democratización del país partiendo de la base que hay que romper la constitucionalidad (…), de imponer la voluntad de grupos para tratar de obligar un cambio de gobierno”, añadió.
Ortega ha fortalecido su control sobre el poder neutralizando a la oposición y bloqueando el desarrollo de instituciones estatales independientes. Su esposa Rosario Murillo es su vicepresidenta y es vista como un poder detrás del trono.
“Estos casi tres meses de violencia, muertos y heridos tienen que finalizar y dejar espacio a la cordura”, dijo el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
“No podemos de ninguna manera ser indiferentes o neutrales ante la represión del Estado ni la violencia de grupos paramilitares”, añadió al término de la sesión.
