El Senado aprobó este miércoles en segunda lectura, con modificaciones, el proyecto de ley que regula la vigilancia y seguridad privada.
La pieza legislativa tiene como objetivo establecer el marco jurídico de la prestación de los servicios de seguridad privada en todo el territorio nacional, así como instituir el ente público que tiene a su cargo las actividades de regulación, inspección, vigilancia y fiscalización de esos servicios.
El sanador Adriano Sánchez Roa, fue el precursor de tomar la iniciativa, la cual se constituye en un marco jurídico para los servicios de vigilancia y protección privada, transporte de dinero y valores, tecnología de seguridad electrónica, asesoría, consultoría e investigación en seguridad, blindaje, servicio de autoprotección y detectives privados.
La legislación instituye la Superintendencia de Seguridad Privada como ente público que tendrá a su cargo la regulación, inspección, vigilancia y fiscalización de esos servicios, y la que tendrá la autoridad de habilitar a las empresas acogiendo el Código de Trabajo para proteger los derechos de los trabajadores.
Roa explicó que todos los servicios, actividades de vigilancia y seguridad privada, sin excepción alguna, están obligados a contribuir en la preservación de la seguridad ciudadana y del orden público, por lo que tienen que colaborar con la Policía Nacional y demás autoridades, a fin de garantizar la seguridad para la vida y los bienes de las personas.
De igual forma la Superintendencia contará con una Junta Directiva, como órgano superior, y quedará integrada por cinco miembros con voz y voto: el ministro de Defensa, quien la presidirá; ministro de Interior y Policía; ministro de Trabajo; procurador general de la República; y el ministro de Salud Pública. También la participación del superintendente, pero sin voto.
