Lorraine E. Pérez, Abogada de Inmigración en EEUU
El día 22 de septiembre del 2018, la administración del Presidente Trump anunció la publicación de una nueva medida, para asegurar que aquellos que buscan entrar y permanecer en los Estados Unidos, sea temporalmente o permanentemente, puedan sostenerse financieramente y no dependan de los beneficios públicos.
El plan de la administración está basado en la ley de más de 100 años de «carga pública», definida luego en el año 1999: Una persona que es muy probable que se vuelva «dependiente primordialmente» de los servicios gubernamentales no puede convertirse en un residente legal permanente. Esta regla también aplica a los solicitantes de visa del extranjero o personas que buscan extender una visa temporal dentro de los Estados Unidos.
En este momento, solo los beneficios en efectivo, tales como asistencia temporal para las familias necesitadas, o cuidado institucional a largo plazo, son factores considerados al determinar si una persona es probable que se convierta en una «carga pública».
De ser implementada como fue presentada, esta medida prevendría que varios inmigrantes puedan conseguir una visa o la residencia legal permanente y quedarse con sus familias en los Estados Unidos, simplemente porque anteriormente han recibido algún tipo de beneficio básico de ayuda, tales como, para el cuidado de la salud, asistencia nutricional u otros servicios vitales.
Debido a esto, los inmigrantes han comenzado a removerse de las listas de espera de viviendas públicas (programa conocido como “Section 8 housing vouchers”), de programas de subsidio de cuidado de niños y de los programas de cupones de alimentos (programa conocido como “food stamps”), por miedo a que esta medida pueda poner en peligro su estatus migratorio. Esta propuesta está forzando a las familias a que escojan entre arriesgar su estatus migratorio o satisfacer sus necesidades básicas.
Aunque el Departamento de Seguridad Nacional (“DHS” por sus siglas en inglés), ha dicho que ponderaría la “totalidad de las circunstancias” y que cumplir con uno de los factores necesariamente no impediría a alguien de conseguir la visa. Factores conforme al estatuto actual, son: Edad, salud, estatus familiar, bienes, recursos, estatus financiero, educación y habilidades.
Cabe destacar que algunos inmigrantes, no son ni siquiera elegibles para ciertos beneficios públicos hasta que hayan tenido la tarjeta de residencia permanente (Green card) por un cierto número de años, lo que significa que esta medida no aplicaría a ellos. Así mismo, estarían exentos: Los refugiados y los asilados, los residentes permanentes que están buscando naturalizarse, y los inmigrantes que quieran obtener beneficios para sus hijos ciudadanos americanos.
Desde hacía meses se había filtrado una versión de esta medida a la prensa, y ya había sido altamente criticada por funcionarios públicos, administradores de salud pública y otros a lo largo de la nación, debido al gran alcance de las implicaciones en la salud y en el bienestar de las familias en los Estados Unidos.
Bajo esta propuesta, millones de inmigrantes actuales y aspirantes a ser inmigrantes, quienes no han hecho nada malo y simplemente han seguido las reglas, pueden ser separados de sus familias e imposibilitados de conseguir el sueño americano.
Afortunadamente la propuesta no es una ley y podemos evitar que se convierta en ley expresando nuestra oposición y argumentando sus fallas en el proceso de comentarios públicos que durará 60 días, empezando el día que la propuesta sea publicada oficialmente.
–La autora del artículo es abogada de inmigración en los Estados Unidos por más de 13 años y reside en Miami, Florida, Estados Unidos.
