El 16 de agosto de 1982, por primera vez en su historia partidaria, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), logró retener el gobierno con el abogado santiaguero Salvador Jorge Blanco, quien desde el inicio de su mandato, continuaba, con respecto a Haití, casi con la misma política del Presidente anterior, de su mismo partido.
En este orden, mantuvo el siempre sensitivo y conflictivo acuerdo de contratación de braceros haitianos para el corte de la caña con muy pocas variaciones, siendo casi una fotocopia del que firmó el presidente Balaguer en el año 1966.
Esto quedó de manifiesto en el mismo año de inicio de su gobierno, cuando firmó con el presidente de Haití, Jean Claude Duvalier, un acuerdo por diez y nueve mil braceros para la zafra azucarera de 1982, número que siguió aumentando anualmente, hasta que las recurrentes crisis de tipo político que afectaban a Haití, impidieron al gobierno haitiano cumplir cabalmente con los compromisos acordados. Debido a la importancia que este renglón representaba para la económica nacional y por los intereses involucrados, los conflictos internos no se hicieron esperar.
Sin tener fundamento alguno para poder especular sobre las razones de esta referencia, en un discurso pronunciado en Santiago de los Caballeros el 30 de marzo de 1985 por el presidente Jorge Blanco, con motivo de la conmemoración de la magna batalla de 1844, éste precisó : “Las batallas no solo se ganan con metralla o el valor de los soldados, sino con el uso de tácticas que permitan desconcertar al enemigo, sobre todo, cuando se enfrenta a un enemigo superior en hombres y armas”, refiriéndose al rumor esparcido a propósito de la muerte, en la Batalla de Azua del 19 de marzo de 1844, del presidente y general Charles Hérard, que creó pánico y descontrol en la tropa haitiana y que motivó el toque de retirada de las huestes del Oeste .
En ese mismo discurso hizo referencia a que: “La distancia de los años permite ponderar mejor el uso de esa táctica muy propia de la lucha bélica moderna y que también se emplea en las campañas políticas”.
El 16 de octubre del mismo año, el presidente Jorge Blanco, en ocasión de su regreso tras un viaje oficial a Jamaica, arribó a Puerto Príncipe, en procura de mantener unas relaciones armoniosas con Haití, siendo ésta la primera visita oficial de un jefe de Estado dominicano a la capital haitiana, desde la Era de Trujillo. Fue recibido por el dictador Jean-Claude Duvalier (Baby Doc).
En el discurso oficial durante esta visita, el presidente Jorge Blanco expresó: “El Caribe, ese Mediterráneo americano al decir de un gran historiador haitiano, debe constituirse y preservarse como una zona dedicada exclusivamente al fomento de la paz y el desarrollo de nuestros pueblos, con base en una efectiva solidaridad integradora de todo cuanto pueda unirnos, de manera que sean nuestros rasgos comunes los que prevalezcan siempre sobre los elementos que caracterizan los pluralismos del área”.
Allí, aprovechó la ocasión para referirse al endeudamiento externo de América Latina, expresando: “La disminución de los flujos financieros hacia la región, constituye el obstáculo que amenaza seriamente el progreso de nuestros pueblos. América Latina es hoy en día una región exportadora involuntaria de capitales, sus pagos por el servicio de la deuda son mayores a los ingresos financieros que recibe”.
Respecto al dictador Francois Duvalier y su relación con la República Dominicana en esa etapa, cabe destacar que como lo fue desde el principio, el gobernante haitiano no dio nunca muestras de sentir afecto alguno por el pueblo dominicano, siendo sus prioridades el control de los haitianos contrarios a su régimen radicados en el país y recibir jugosas ganancias por las negociaciones de braceros con su contraparte, aspectos que marchaban, a pesar de algunas dificultades transitorias, viento en popa.
A pesar de lo anterior, no es un secreto que Duvalier hijo cultivaba excelentes relaciones con jerarcas militares dominicanos y empresarios, algunos de los cuales se beneficiaban de la contratación de braceros por el Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
El 6 de febrero de 1986, Jean-Claude Duvalier fue derrocado por un golpe de Estado, creando esto un conflicto bilateral, porque fue suspendido el envío de braceros a la República Dominicana, bajo el alegato de ser ésta una práctica públicamente rechazada por el pueblo haitiano, con la agravante de que Duvalier, a pesar de que los servicios de seguridad del Estado dominicano tenían informes de que el golpe de Estado en Haití era algo inminente, había recibido avances considerables de dinero del Gobierno por la mano de obra para trabajar en los ingenios.
Para complicar más el escenario, grupos sindicales y organizaciones internacionales de derechos humanos se manifestaron en contra de los dos gobiernos, a los que acusaban de tráfico de personas y esclavitud moderna. Al depositar sus quejas ante la Organización Internacional de Trabajo (OIT), los grupos denunciantes alegaban que el resultado de esos negocios había dado lugar al “mayor asentamiento migratorio laboral del Caribe”.
Lo que sin dudas era cierto, es que las autoridades dominicanas no tomaron las medidas pertinentes en el ámbito migratorio, actuando en ese momento al mejor estilo de la “dominicracia” de ayer y de hoy, la del azar y de la divina providencia, cuando las instituciones funcionan solo con la combinación armónica del sable subordinado al imperio de la ley.
No podemos dejar de mencionar que otro aspecto resaltante de este período de gobierno lo fue el debilitamiento por la crisis de 1984, debido a su fracaso económico, originando una explosión social por la firma con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a lo que se le agregó un conflicto con la iglesia Católica, por las acciones emprendidas por el gobierno al peligrar la zafra azucarera 1985-1986, por falta de braceros para cortar la caña.
Bajo estas circunstancias, el presidente Jorge Blanco usó la estrategia de convocar “voluntariamente” a dominicanos para el corte de la caña, lo que en la práctica se circunscribió a militares y empleados públicos, en una situación que muchos calificaban como un asunto laboral administrativo, que creó desorden en los cañaverales, por lo que este corte “voluntario” de caña, solo llenó ciertas expectativas propagandísticas.
Por estas razones, es posible afirmar que la emulación de Cuba en el corte de caña con mano nativa en labores no propias de nuestra cultura, no fue posible y los resultados insignificantes.
Fue en esa tesitura histórica que el 23 de febrero de 1986, el Consejo Permanente de la Conferencia del Episcopado, produjo una declaración sobre la ausencia de los braceros haitianos de la zafra azucarera, poniéndola en peligro, señalando el rechazo de la mayoría de los dominicanos a esa labor, y sugiriendo hasta el cierre de algunos ingenios, llamando a mejorar las condiciones de vida para que los dominicanos se integren a los trabajos en los ingenios. Los obispos criticaron también la utilización de cortadores de caña improvisados. Ese documento fue firmado por los arzobispos Nicolás de Jesús López Rodríguez, Hugo Eduardo Polanco Brito y el obispo auxiliar Juan Félix Pepén Solimán.
El gobierno del presidente Jorge Blanco, terminó con indefiniciones en la política exterior sobre Haití y con conflictos que contribuyeron a que un Dr. Balaguer ciego, derrotara en unas controversiales elecciones al Lic. Jacobo Majluta, quien era el vicepresidente del gobierno de don Antonio Guzmán.
Al presidente Jorge Blanco, en las elecciones de 1986, no le salieron bien las tácticas políticas que mencionó en su discurso del 30 de marzo de 1985, ya que para su sorpresa, junto al Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas de su gobierno, mayor general Manuel Antonio Cuervo Gómez, fue sometido a la justicia bajo la acusación de corrupción en compras irregulares para las Fuerzas Armadas, y condenados a 20 años de cárcel, condena que no cumplió .
Años después el caso fue sobreseído por el Estado dominicano, en el gobierno perredeísta del ingeniero agrónomo Hipólito Mejía. Determinar si las causas reales de este sobresaliente caso fueron motivadas por razones legales, políticas o personales, las mismas aún están en el proceso evaluativo del sempiterno tribunal de la historia.
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