Lorraine E. Pérez, Abogada de Inmigración en EEUU
Un juez federal ordenó el día lunes, 19 de noviembre del 2018, que la administración del Presidente Trump reanude la aceptación de solicitudes de asilo de los migrantes, sin importar dónde o cómo ingresaron a los EE. UU. Esta decisión es al menos un retroceso temporal al intento del Presidente de reprimir una enorme ola de centroamericanos que intenta cruzar la frontera.
El juez Jon S. Tigar del Tribunal De Distrito de los Estados Unidos en San Francisco, indicó en su orden: “Cualquiera que sea el alcance de la autoridad del presidente, él no puede reescribir las leyes de inmigración para imponer una condición que el Congreso ha prohibido expresamente». La orden, que suspende la proclamación hasta que el caso sea decidido por la corte, aplica nacionalmente. Esta orden estará en efecto hasta el 19 de diciembre del 2018, momento en el cual el tribunal considerará los argumentos para una orden permanente.
Diez días antes, el 9 de noviembre, el Presidente Trump había emitido una proclamación, que combinada con otras normas de los Departamentos de Seguridad Nacional y el de Justicia, prohibía solicitar asilo a cualquier persona quien entrara a los Estados Unidos por las fronteras a través de México. Aunque las personas afectadas podrían buscar otras formas de amparo, como por ejemplo, protección bajo la Convención en contra de la tortura, éstas son más difíciles de obtener que el propio asilo.
Esa proclamación era efectiva por 90 días-sujeta a extensión- o hasta el establecimiento del acuerdo llamado “tercer país seguro” con México. Ese acuerdo impediría que las personas que cruzan la frontera a través de México puedan solicitar asilo. Para muchas de ellas, México es inseguro para quedarse, ya que los solicitantes de asilo en México enfrentan amenazas constantes.
Dada las devoluciones de personas en los puertos de entrada, muchos vulnerables, no hubiesen tenido una forma válida de aplicar por asilo en los Estados Unidos. Según documentan asociaciones como el American Inmigración Counsel y Human Rights First, en años recientes, el Departamento de Aduanas y Seguridad Fronteriza ha violado la ley de los Estados Unidos por haber devuelto, en una escala alarmante, personas quienes entran a territorio estadounidense por los puertos de entrada, solicitando asilo. Las personas devueltas forzosamente pueden sufrir daños graves, inclusive la muerte.
Aunque el Presidente ha pintado la caravana que viaja a través de México como evidencia de que la frontera es insegura, la realidad es que las aprehensiones en la frontera en el año fiscal 2018 fueron significativamente bajas en comparación con otras décadas. La caravana de familias centroamericanas huyendo a la persecución y sufrimientos, no puede representar una amenaza a la nación más poderosa del mundo.
Conforme a leyes aprobadas por el congreso, todas las personas que llegan a los Estados Unidos, tienen el derecho de solicitar asilo. Aunque no todos son elegibles para esa protección, al menos merecen una oportunidad justa de solicitarlo.
El despliegue de la Administración de más de 5,000 soldados en servicio activo a la frontera, representa un mal uso del ejército de nuestra nación. No hay justificación para enviar un ejército de esa magnitud, que irónicamente resulta ser una mayor cantidad a los que están en Iraq y Siria combinado, a la frontera cuando las aprehensiones están en su momento más bajo.
Contrario a lo que la administración del Presidente Trump indica: que hay una crisis en la frontera, donde realmente hay una crisis humanitaria es en El Salvador, Honduras y Guatemala, marcada por la violencia de pandillas generalizadas, lo que ha generado un incremento en personas solicitando asilo y huyendo a los Estados Unidos. Asistencia extranjera a estos países ayudaría a abordar esas causas de raíz y avanzaría los intereses estratégicos de América. Sin embargo, el Presidente Trump ahora amenaza con cortar la ayuda o eliminarla del todo, lo que causaría que se elevara el volumen de solicitudes de asilo.
La autora del artículo es abogada de inmigración en los Estados Unidos y reside en Miami, Florida.
