Santo Domingo.-El Diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Ingeniero Tobías Crespo, defendió este martes a los choferes que reclaman pensiones dignas y seguro familiar de salud.
El legislador pidió al Estado que asuma esas pensiones en un plazo prudente y cree los mecanismos establecidos por la Ley 63-17 y la ley 87-01 sobre Seguridad Social en beneficio de los choferes, que a la fecha no han cobrado una sola de las pensiones.
Reclamo del Ministerio de Hacienda y la Direcciones de Pensiones, la transferencia de los fondos de la Caja de Pensiones de manera directa, tras señalar que si existe alguna irregularidad con alguna pensión de un chofer que haya fallecido, el Estado tiene métodos de confirmar su veracidad.
Las declaraciones del diputado se produjeron después que Miguel Antonio Durán, secretario de general de la Unión Nacional de Choferes Sindicalistas Independientes (Unachosin), y otras entidades, anunciaran una serie de actividades en demanda de pensiones para los choferes.
Tobías Crespo dijo que más de 39 mil cumplen con edad límite y condiciones de salud, pero que antes de la creación de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial ley, no existían los fondos necesarios para el otorgamiento de esas pensiones, pero que ahora la normativa manda al Consejo Nacional de la Seguridad Social para los nuevos choferes, y abogó que el Estado asuma los choferes pendientes buscando algún mecanismo salomónico.
Calificó como pírricas las pensiones actuales de 5 mil pesos, tras señalar que como autor de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial propuso que se eliminara la caja de pensiones y jubilaciones de los choferes, para que los mil 380 choferes pasaran al Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Pensiones con los mismos fondos de la caja que datan desde el año 1970 y los estaban en lista de espera y que no habían recibido este derecho se le buscará una solución justa.
El también ex Director de Tránsito Terrestre, deploró que los choferes deban volver a llenar requisitos, y buscar documentos certificados, lo que implica un gasto para ellos para obtener un derecho ya adquirido que le corresponde por ley así como una violación a la Constitución, las leyes laborales y acuerdos/convenciones internacionales que protegen los derechos de los trabajadores.
