Anuncian gran manifestación de los trabajadores para el 10 de abril
Las confederaciones sindicales; Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), Autónoma Sindical Clasista (CASC) y Nacional de Unidad Sindical (CNUS), manifestaron este jueves estar preocupadas por la rotura de la paz laboral que desde sectores empresariales y gubernamentales se está promoviendo.
En ese sentido, las entidades que agrupan a los trabajadores dominicanos, sostuvieron que a partir de los anteproyectos de reformas no consensuados tripartitamente, como había sido prometido por el presidente Danilo Medina, y que fueron sometidos por el Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional y que dejaban fuera el tema de la cesantía laboral.
Partiendo de esa premisa se consensuó retirar del diálogo que se venía sosteniendo sobre la modificación al Código Laboral, el tema de la cesantía, transfiriéndolo del artículo 80 de la Ley 16/92 o Código de Trabajo al proyectado Instituto Nacional de Riesgos Laborales, que además de la misión para lo cual supuestamente será creado, asumiría la protección por desempleo y desahucio, cuando los/as trabajadores/as sean dejados cesantes por sus empleadores.
Eso por supuesto, implica que la cesantía laboral sería calculada en base al mínimo vigente en el sector de la economía al que pertenezca el trabajador, tomando en cuenta la existencia de más de 14 salarios mínimos en el país y cuya aplicación también aboliría el contenido de la Ley Laboral que establece el cálculo de las prestaciones sobre los promedios salariales del último año o fracción del último año, lo que quiere decir, que el trabajador tendría pérdida doble en esta absurda pretensión de eliminar la cesantía de la ley laboral.
Las Centrales Sindicales consideran que el cumplimiento de la Ley 87-01, en el mandato otorgado para la adecuación del IDSS, 18 años después, no se asumió, lo que generó una mayor carencia y precariedad en la mayoría de los servicios que presta a los trabajadores afiliados, y una incertidumbre permanente en los empleados por su permanencia en el empleo, por lo que demandamos al gobierno dominicano garantice el puesto de trabajo a los trabajadores del IDSS.
Además el gobierno garantice el tripartismo en el Instituto Nacional de Riegos Laborales (INARIL), con la participación de las tres centrales principales del país, y asegure una pensión digna con su último salario a los trabajadores del IDSS, con más de 20 años de labor en esa Institución o complemente con el servicio al Estado dominicano, así como asegurar que todos los trabajadores tenga derecho de recibir una pensión, lo cual debe ser garantizado.
Explican que en el paquete de anteproyecto enviado por el presidente Medina al Congreso, hay un punto que llama la atención, porque resulta que funcionarios del gobierno y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en ausencia de los sujetos fundamentales que son los trabajadores del sistema de pensiones, se reunieron para acordar que en escala descendente, el monto de las ganancias de las AFP va a ser reducido para con el ahorro de 40 mil millones de pesos, supuestamente aumentar las futuras pensiones de los afiliados, pero ocurre que en los hechos las AFP resultarían altamente las ganancias porque en resumen el volumen crecería vertiginosamente y la seguridad de estas instituciones para sus ganancias no dependería del resultado de las ganancias obtenidas por inversiones, sino del monto de los fondos acumulados.
Resaltan el hecho de que en este momento se debate en el país lo referido al tema del salario mínimo de los trabajadores del sector privado no sectorizado y resulta que el sector empleador condiciona el dar una respuesta a la propuesta de aumento salarial a que se acepte lo que ellos denominan una nueva clasificación de empresa.
“Hemos dicho y repetido hasta la saciedad, que el Comité Nacional de Salario (CNS), es un escenario para propuesta que tienen que ver con sus fines como son los montos de salarios mínimos según tipo de empresas y tal como está establecido. Dos asuntos en esta materia deben estar claros: a) Con la clasificación empresarial propuesta por el empresariado, el mínimo mayor prácticamente no sería pagado por ninguna empresa y b) ¿Qué dirían los señores empresarios si el movimiento sindical le propone que aceptamos la clasificación si se comprometen a pagar como mínimo el costo de la canasta promedio de 30 mil pesos?, precisan en una nota firmada por Rafael Pepe Abreu, presidente CNUS; Jacobo Ramos, presidente CNTD, y Gabriel Del Rio Doñe, secretario general de loa CASC.
“Continuaremos nuestra luchas para hacer realidad la atención primaria para los trabajadores y su familia del régimen contributivo como manda la Ley 87-01”, sostienen.
Concluyen que dada la situación que han descrito, el movimiento sindical como primera acción ha decidido la convocatoria para el próximo miércoles 10 de abril del año en curso, a partir de las 10:00 de la mañana, de una gran marcha por los derechos de los trabajadores, que partirá del Parque Enriquillo al Palacio Nacional.
“Llamamos a la clase trabajadora sindicalizada y no sindicalizada y a toda la sociedad solidaria a marchar por las demandas reivindicativas de nuestro sector”, apuntaron.
