El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) autorizó este jueves que el primer vicepresidente del Parlamento de Venezuela, Édgar Zambrano, sea procesado por un juzgado ordinario y sin que se le haya levantado el fuero, por varios delitos relacionados con el efímero alzamiento militar del pasado martes.
En una sentencia emitida por la Sala Plena, el TSJ dictaminó que Zambrano tiene “responsabilidad” en los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones e instigación pública a la desobediencia de las leyes.
En ese sentido, el alto tribunal ordenó remitir la decisión a la chavista Asamblea Nacional Constituyente, un foro que buena parte de la comunidad internacional no reconoce, “para que dicho órgano determine lo conducente”.
Igualmente, se enviará una copia de la sentencia al titular de la Fiscalía, Tarek Saab, “para que continúe la tramitación de la causa penal correspondiente”.
La Fiscalía no reaccionó de inmediato a la noticia
Zambrano, cuyo paradero se desconoce, acompañó la madrugada del pasado martes al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, al líder opositor Leopoldo López y a una veintena de militares en un pronunciamiento en los alrededores de una base aérea en Caracas, en la que se instó a las Fuerzas Armadas a darle la espalda a Maduro.
Horas después, miles de opositores se concentraron en el bastión opositor caraqueño de Altamira, donde se enfrentaron a los cuerpos de seguridad del Estado leales a Maduro, con saldo de dos muertos -otras dos personas murieron en el estado de Aragua- y más de un centenar de heridos.
Venezuela atraviesa un alto pico de tensión política desde enero pasado, cuando Maduro juró un nuevo mandato de 6 años que no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional, y el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, proclamó un Gobierno interino que cuenta con el respaldo de más de 50 países.
En paralelo, la nación sufre la peor crisis económica de su historia, lo que genera cada día protestas para denunciar la severa escasez de alimentos y medicinas y la pésima prestación de los servicios públicos.
