La Junta Central Electoral está entrampada en su propia ley. La bravuconada de su presidente Julio César Castaños Guzmán, de que no va revisar la resolución que fragmenta el voto de arrastre, permitiéndolo en las seis demarcaciones que tienen circunscripciones y prohibiéndolo en 26 provincias, lo ha puesto en una posición un poco más difícil. Y es difícil porque ningunas de las partes ni los que se benefician ni los que no se perjudican están de acuerdo.
Con la resolución, el Partido de la Liberación Dominicana PLD), por lo menos asegura las seis plazas principales del país, pero ellos como son insaciable van por más, quieren las 31 provincias y el Distrito Nacional.
Entonces ahora tiene la Junta, por no tener carácter y no hacer las cosas como se debe, porque si bien es cierto que la Ley 15-19 se contradice, un artículo contradice tres, entonces en ese caso lo que impera es la jerarquía de la Constitución, porque es clara y no había que interpretar y agarrarse de un error material que se fue por debajo de la mesa, porque si se observa el espíritu de la ley es no al arrastre.
Y el párrafo 4 del artículo 104 de la ley dice: “Se exceptúan de la presente disposición los candidatos a senadores, a quienes se les computarán todos los votos obtenidos por el partido en la provincia; en el caso de los alcaldes los votos obtenidos en todo el municipio; y respectos de los directores de distritos municipales, aquellos que han sido obtenido en el distrito municipal correspondiente”.
Entonces eso manifiesta un error, porque eso contradice la Constitución y si contradice la Constitución es nulo. Entonces agarrarse de la excepción en contra de la regla es la mejor empresa. Ahora lo va a impugnar el PLD y las dos principales fuerzas políticas de la oposición el PRM y el PRSC, entre otras organizaciones. Además con la declaración del miembro de la Junta, Roberto Saladín la entidad ha quedado muy mal parada.
