MI Sentir
En los últimos días, he estado leyendo en diversos medios de circulación nacional, la campaña que se ha montado tendente a lograr que el actual Superintendente de Salud y Riesgos Laborales, sea removido del cargo porque alegadamente ha cumplido el periodo por el cual fue nombrado al frente de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL).
El presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), Rafael Pepe Abreu, a quien se le había atribuido la responsabilidad de haber solicitado la renuncia del señor Pedro Luis Castellanos, aclaró en un comunicado de prensa que él no había hecho tal solicitud, significando que alguien quiso usar su nombre para sumarlo a la ola que se ha montado en contra del funcionario.
No obstante, otros representantes del sector empresarial y del sector sindical, han hecho públicas sus peticiones de que el gobierno debería reemplazar a Castellanos, del puesto que desempeña en la SISALRIL, debido a que el funcionario ha pasado más del tiempo reglamentario que debió permanecer al frente de esa institución.
Ciertamente, quienes piensan de esa manera tienen mucha razón, pero también deben entender que en la actualidad todo lo que tiene que ver con el sector de la Seguridad Social en nuestro país, se encuentra en un proceso de transición que amerita ser ponderado más sensata y minuciosamente dado la delicadeza de las decisiones que debemos tomar para después no lamentar.
De igual manera, deben saber quiénes han solicitado la renuncia del Superintendente de Salud y Riesgos Laborales, que el mismo como puede ser destituido puede ser confirmado en ese puesto, porque eso sucedió en el pasado con el anterior incúmbente, el señor Fernando Caamaño, de quien se dijo que había sido mantenido en el puesto porque respondía a ciertos sectores de poder político y factico de nuestro país.
Al parecer, el licenciado Pedro Luis Castellanos, a quien ni siquiera conozco personalmente y por vía de consecuencia tampoco he tratado, no obedece a los sectores que en su momento decidieron mantener al señor Caamaño al frente de la SISALRIL y por esa razón lo quieren ver fuera de esa institución de la Seguridad Social de nuestro país.
Del actual incúmbente de la SISALRIL, como estudioso de la Seguridad Social que soy, solo puedo destacar que desde que llego a esa posición ha mantenido una lucha tenaz por el establecimiento de un catálogo de medicamentos que abarque la mayor cantidad de patologías posibles para que la población que demanda servicios de salud llegue a ser lo más cubierta posible y no se vea obligada a tener que hacer grandes sacrificios para adquirir los medicamentos que necesita para curar sus dolencias.
De ese funcionario, he observado que fue el único que accedió al reclamo colectivo de la población dominicana que demandó el aumento de la cobertura anual de los medicamentos que recibían los afiliados a la Seguridad Social, que de 3 mil pesos logró que se incrementara a 8 mil pesos anuales por persona, algo que en su momento fue visto como un logro para la Seguridad Social.
Siendo estos resultados muestra de las buenas intenciones que del señor Castellanos, por qué no le damos la oportunidad de que en medio de este proceso de transición que vive el sector de la Seguridad Social y máxime en el momento en que se encuentra el gobierno del presidente Danilo Medina, donde se prepara para entregarle a otro mandatario las riendas del Estado, concluya con éxitos el paquete de reformas que se ha propuesto implementar desde la SISALRIL para beneficio de las grandes mayorías del país, como se ha perfilado en su gestión.
De todos modos, sin importar lo que mantengan los propulsores de la campaña que busca sacar al señor Pedro Luis Castellanos, de la SISALRIL y lo que yo haya razonado de buena fe, en aras de hacer justicia a favor de quien justicia merece, la última decisión recaerá sobre el presidente Danilo Medina, quien en definitiva es quien decidirá la suerte de este funcionario que merece seguir aportando al país, por la verticalidad y responsabilidad con que actuado al frente de esa institución del Estado dominicano.
