El Poder Judicial dominicano realizó un encuentro con juezas penalistas, con miras a establecer políticas públicas integrales en materia de género. La jornada inició con el proceso de estudio y consultas. Se analizaron las distintas etapas de los casos de violencia contra la mujer y posibles brechas que hacen vulnerables a las mujeres.
El proyecto busca recoger buenas prácticas y soluciones con recomendaciones nacionales e internacionales.
En esta primera mesa de trabajo, encabezada por la consejera Nancy I. Salcedo, participaron las magistradas penalistas Kenya Romero Severino, Daira C. Medina, Ysis Muñiz Almonte, Natividad Ramona Santos, Esmirna G. Méndez Álvarez, Pilar Rufino Díaz y Arisleida Méndez Batista. Además, estuvieron presentes el Inspector general del Poder Judicial, Jacinto Castillo Moronta y el diector de Análisis y Políticas Públicas, José Carlos Nazario.
Nancy Salcedo informó que el tema de la violencia contra la mujer es un eje estratégico fundamental del Poder Judicial. “El presidente de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Luis Henry Molina Peña ha mostrado especial interés en que la atención a la temática sea integral en la institución”. Al inicio de la jornada se informó que se está convocando a una iniciativa compartida con el sector académico y la sociedad, para dar atención permanente a la problemática y situación de casos de violencia de género, intrafamiliar y sexual contra la mujer en el sistema de justicia.
Destacó también que a través del estudio del tema de la violencia contra la mujer, se busca obtener un producto que pueda ser analizado, mejorado por técnicas y actoras de la opinión que planteen buenas prácticas, mecanismos de control y acciones que aumenten el radio de acción de las políticas en el sector justicia.
Objetivos de la iniciativa:
Entre los objetivos del proyecto se encuentra: generar indicadores para el diseño, desarrollo y evaluación medible de una política de acceso e igualdad en el Poder Judicial; identificar indicadores que permitan aumentar la cobertura del Poder Judicial a través de reglas, usos, compromisos, metodologías y protocolos de autorregulación para asegurar buenas prácticas.
