El Movimiento Cívico Participación Ciudadana consideró que la resolución de la Junta Central Electoral (JCE), que permite la participación de funcionarios en campañas políticas luego de su horario laboral es insuficiente y poco eficaz para controlar el uso de los recursos públicos y la abusiva participación de los funcionarios del gobierno en las campañas electorales.
El director ejecutivo del Movimiento Cívico, Carlos Pimentel, aseguró que la interpretación que hace la JCE, otorgando carta abierta a los funcionarios fuera de su horario laboral, no es útil para controlar a los más altos funcionarios del Estado, incluyendo al Presidente de la República, ministros, directores generales y cualquiera que maneje recursos públicos. Tampoco para los alcaldes, gobernadores, presidentes de cámaras del congreso, entre otros.
“Estos funcionarios no tienen horario fijo y dondequiera que se mueven, no solo van con escoltas y un despliegue de recursos a su disposición, sino que además comprometen el presupuesto con promesas y dádivas, aprovechándose de las múltiples necesidades de la población”, afirmó Pimentel.
Pimentel señaló que a lo largo de toda la historia de la nación este ha sido uno de los elementos que ha afectado la democracia. Funcionarios públicos de todos los niveles que se han prevalido de su poder para incidir en favor de los candidatos de su partido. “Participación Ciudadana desde su fundación se ha pronunciado contra esa práctica, y por eso propugnó por su prohibición en la Constitución de la República la Ley Electoral y la Ley de Función Pública.
Dijo que la Junta Central Electoral tiene la función de establecer reglamentaciones específicas para garantizar que esto se cumpla efectivamente, y para tal fin debería hacer una interpretación estricta de las leyes y que sea favorable al interés general de la nación”, declaró el director ejecutivo de la organización.
El Movimiento Cívico Participación Ciudadana exhorta a la Junta Central Electoral a ampliar y profundizar los controles sobre los recursos públicos y eso implica, necesariamente, verdaderas y efectivas restricciones a los funcionarios públicos como ocurre en la mayoría de los países democráticos, ya que sin el control del uso de los recursos públicos no hay proceso electoral libre, equitativo y transparente.
