El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) recomendó este martes adoptar medidas urgentes para erradicar la mora judicial y mejorar situación laboral de jueces y fiscales, la mayoría de los cuales son víctimas de maltratos generalizados.
Miguel Surún Hernández, presidente del gremio, dijo que es imprescindible reforzar las garantías laborales que refuercen la independencia de jueces y fiscales, para que no puedan ser objeto de represalias por las decisiones que emitan, alegando que un juez sujeto a represalias es un juez esclavo de sus superiores jerárquicos.
Durante el Día del Poder Judicial, el CARD también informó que interpuso una solicitud de revisión a la sentencia que suspende las elecciones del Colegio de Abogados.
El titular del gremio que agrupa los abogados asegura que «Los abogados queremos elecciones, consideramos un contrasentido que un Tribunal incompetente por demás, por influencias de sectores perversos, hayan suspendido nuestras elecciones».
Por esta razón, el CARD anuncia una Jornada Nacional para que se permita la democracia en el CARD, que se les permita realizar elecciones, votar, respetando la Ley y la autodeterminación del gremio.
El CARD, asimismo, sugiere la aplicación de varias reformas del sector justicia además de la aplicación de la Ley de Autonomía Presupuestaria, con la asignación del 4.1% del presupuesto nacional para el sector, logrando que dichos ingresos se reflejen en la mejoría de los servicios, pero sobre todo de la calidad de vida de empleados del sistema, en especial de jueces y fiscales.
Entre las propuestas de reformas se encuentran aprobar la exención inmediata de impuesto sobre la renta en favor de Jueces y Fiscales. Implicaría un aumento inmediato en el salario de dichos servidores, sin necesidad de invertir un centavo.
También aprobar el financiamiento por parte del Banco de Reservas a una tasa preferencial del financiamiento hasta US$50,000.00, para el vehículo importado con el impuesto único que en la actualidad se otorga a los Jueces y Fiscales.
Lograr la inclusión de todos los servidores del Poder Judicial y del Ministerio Público en el Seguro Contributivo, más seguro complementario, con cargo total al Estado.
