La suspensión de las elecciones municipales del pasado 16 de febrero, ha provocado una profunda indignación en el pueblo dominicano. Esa indignación se incrementó como consecuencia de la actitud inicial asumida por el gobierno y las autoridades de la Junta Central Electoral de pretender minimizar la magnitud de lo que había acontecido.
Desde el lado oficial se hizo referencia a la ocurrencia de un “sabotaje”; y desde la Junta Central Electoral se argumentó que se trataba de “fallos en el sistema electrónico, de un error, que jurídicamente se le llama caso fortuito”.
Nada de eso. No fue ni sabotaje, ni error, ni caso fortuito. Para el grueso de la población, lo que en realidad ocurrió en las elecciones municipales fue un crimen flagrante contra la democracia dominicana.
En lugar de fallo en el sistema electrónico, lo que ocurrió fue que el fraude automatizado no pudo materializarse. Más que un caso fortuito, fue un intento fallido de fraude en base al voto automatizado. El pretendido error, por su parte, no fue más que la trama criminal, que contrario a lo que se pretendía, fue develada.
En principio, para distraer la atención de lo ocurrido, las autoridades diseñaron un pésimo guión para una película de ficción. Lanzaron una cortina de humo, con la que se procuraba responsabilizar a quienes solo habían contribuido a denunciar lo acontecido.
Pudieron haber sido considerados como testigos referenciales, pero, en su lugar fueron privados de su libertad, se les conculcaron sus derechos fundamentales y hasta fueron objeto de agresión física y sicológica.
Luego de varios días de incertidumbre y de amenazas, el coronel de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, y Manuel Antonio Regalado, analista técnico de Claro, fueron puestos en libertad.
En un giro inesperado de la estrategia de distracción, el gobierno ordenó al Ministerio Público y a la Policía Nacional cesar los actos de persecución judicial; y de repente, los que habían sido considerados como chivos expiatorios de la simulada investigación, fueron dejados, como debió haber ocurrido desde un principio, sin ningún tipo de acusación.
Bajo el efecto de las protestas y de la presión popular, el gobierno se vio compelido a realizar lo que era un clamor generalizado: que se realizase una auténtica investigación sobre lo acontecido, que permitiese restituirle confianza y credibilidad al sistema electoral nacional.
LA MUERTE DEL VOTO AUTOMATIZADO
Por supuesto, uno de los resultados de la suspensión de las elecciones municipales, es que decretó la muerte del voto automatizado. Esto así, no porque este sistema de votación fuese intrínsecamente malo, sino por el hecho de que la Junta Central Electoral, ni en las primarias del 6 de octubre, ni en la actualidad, estableció las medidas técnicas imprescindibles para garantizar la integridad del proceso electoral.
Cuando en enero del 2019, las autoridades del órgano electoral convocaron a los partidos políticos para proponer el uso de un sistema de voto automatizado, todos, sin excepción, acogieron la propuesta con gran simpatía.
Con posterioridad, las autoridades electorales adoptaron una resolución en la que se comprometieron a la realización de una auditoría técnica previa al programa de software, al código fuente y a los equipos a ser empleados en un sistema de votación que, en principio, fue considerado como un plan piloto.
El problema consistió en que la Junta Central Electoral nunca cumplió con su propia resolución. En ningún momento, a pesar de nuestras múltiples solicitudes, se implementaron las medidas para cumplir con esa auditoría técnica, indispensable en todo proceso de votación automatizada, para garantizar la seguridad e integridad del sistema de votación.
Eso resultaba más grave aún, debido a que el programa de software que se empleó por vez primera en las primarias electorales del 6 de octubre no fue diseñado, como es costumbre a nivel internacional, por una compañía de reconocido prestigio, sino por el propio personal técnico de la Junta Central Electoral, que no había tenido experiencia de ese tipo.
Nunca se han ofrecido explicaciones claras y convincentes del por qué no se llevó a cabo esa auditoría técnica, con anterioridad a la realización de las primarias abiertas del 6 de octubre.
En algún momento, se esgrimió el argumento de que no había recursos para eso. Luego, de que no hubo tiempo.
En todo caso, lo cierto es que no se hizo. Para mitigar el eventual impacto que esa falta podría tener en las elecciones primarias, solicitamos a la JCE, en su momento, que realizase un conteo manual de los comprobantes físicos depositados en las urnas.
De esa manera, podría hacerse la comparación entre el voto automatizado y el voto físico, los cuales tendrían necesariamente que coincidir en sus resultados. Así, se habría mantenido la confianza y la credibilidad del voto automatizado.
Pero, de manera obstinada y testaruda, la Junta Central Electoral, en todo momento se opuso.
Se resistió al conteo físico; y de ahí surgió el pecado original que facilitó el fraude electoral del 6 de octubre y que ahora ha ensombrecido las recientes elecciones municipales.
¿UN SISTEMA ROBUSTO?
Frente a las críticas formuladas en su contra, luego del fraude de las primarias abiertas, la JCE hizo un gran esfuerzo por legitimarse frente a la opinión pública. Obtuvo el respaldo de varios medios de comunicación, de núcleos empresariales, de organizaciones cívicas y de instituciones religiosas.
En atención a una solicitud nuestra de realizar una auditoría técnico-forense al programa de software y a los equipos empleados en las referidas primarias, la autoridad electoral, luego de un fiasco con dos empresas, contrató los servicios de la empresa española Alhambra Eidos.
Contrario a lo estipulado por la ley, sin la participación de los delegados de los partidos políticos, la referida empresa procedió a realizar la susodicha auditoría técnico-forense. Nadie, sin embargo, sabe a ciencia cierta qué fue lo que investigó; cuál fue la metodología empleada; o cuáles indicadores o variables fueron tomados en consideración.
Solo en base a la publicación de un comunicado, estableció que el sistema de voto automatizado de la JCE disponía de “un nivel de seguridad, desempeño y tolerancia a fallos que lo hacían robusto, fiable y rápido en su ejecución”.
Frente a unas conclusiones tan contundentes, habría que preguntarse: ¿qué ocurrió con las recientes elecciones municipales? ¿Por qué el sistema no resultó tan robusto y fiable? ¿Por qué no fue tan tolerante a fallos? ¿Por qué fue tan lento en su ejecución que hubo hasta que suspender la votación?
Es evidente que el comunicado de Alhambra fue más que complaciente. Fue el que precisamente necesitaba el órgano electoral para intentar recuperar la confianza y la credibilidad requeridas para arbitrar, con respaldo de la sociedad, un proceso electoral.
Pero el enojo y el enfado que actualmente expresa el pueblo dominicano obedece también a otras razones. Obedece a que sufre con impotencia, por acciones del gobierno, el deterioro de nuestras instituciones democráticas; el engaño, la mentira y la manipulación; el debilitamiento del Estado de derecho; y el irrespeto a la Constitución.
Es frente a tal cúmulo de agravios que el pueblo dominicano, en estos días, ha externado su indignación.
