La sociedad dominicana ha permanecido pendiente de las designaciones que ha venido anunciando el presidente electo Luis Abinader, en medio de la pandemia que vive el país, sobre todo por la importancia que se le ha dado al nombramiento que recibirá la persona que será señalada como Procurador General de la República.
Es evidente que las esperanzas de la población dominicana, además de estar depositadas en manos del nuevo presidente Luis Abinader, también han sido delegadas en el nuevo o la nueva Procuradora General de la República, dado el alto nivel de corrupción que una parte mayoritaria de la sociedad dominicana, sospecha se ha producido en el Estado dominicano en los últimos años.
Cada vez son más frecuentes los actos de corrupción e impunidad que los programas de televisión investigativos del país, sacan a relucir de personas que, valiéndose de sus posiciones de poder, cometen en perjuicio del Estado dominicano, creando de esa manera el deterioro institucional que padecemos y profundizando el estado de miseria que vive la población dominicana.
El hecho más reciente lo tenemos a través de la develación de la red mafiosa que, según Nuria Piera, operaba desde el 2013 en varias instituciones del Estado, el hermano del presidente Danilo Medina, Alexis Medina Sánchez, quien, de una posición de miseria, en ocho años, pasó a ser un portentoso millonario mediante las manipulaciones de compras en el Estado para beneficiar a sus propias empresas particulares.
Antes, los dominicanos habíamos sido testigos de las denuncias de grandes actos de corrupción cometidos en perjuicio del Estado dominicano, como el de la Odebrecht, cuyo expediente todavía no está completo y que su vertebración ha sido una vergüenza para el país, lo mismo que los casos Diandino Peña, Víctor Díaz Rúa, Félix Bautista, los Super Tucanos, el Asfaltado del Ministerio de Obras Publicas en la gestión de Gonzalo Castillo, la Sun Land y las sobrevaluaciones de la OISOE, entre otros.
Sean ciertos o verdad, cada uno de los casos que he mencionado, deben ser objeto de investigación y análisis del o la próxima Procuradora General Independiente de la República, porque se trata de expedientes que involucran cientos de miles de millones pesos del Estado que han sido dilapidados de manera vergonzosa e inmisericorde y que le han costado el endeudamiento que hoy exhibe el país, y por el cual paga capitales e intereses de manera religiosa a los acreedores.
Algunos de estos casos han sido archivados y engavetados en la justicia dominicana, sin una justificación valedera, lo que ha provocado la impotencia de amplios sectores de la sociedad dominicana, que se han quejado por los altos niveles de impunidad que se han producido en el país, y por lo cual han acusado a las autoridades de perseguir los pequeños actos de corrupción y de tapar los grandes escándalos que han afectado la institucionalidad y la economía de la nación.
La compleja situación por la cual el presidente electo Luis Abinader, recibirá el Estado dominicano a partir del 16 de agosto, según lo que hemos expuesto en este artículo, ha sido lo que le ha impedido anunciar la designación de un o una Procuradora General Independiente al país, y sobre todo porque la dificultad de encontrar una persona verdaderamente independiente como ha querido el próximo gobernante de la nación.
Sin embargo, creemos que en nuestro país existen personas que, aunque no sean calificadas de independientes, han demostrado durante su vida que su comportamiento se corresponde con la verticalidad que se requiere en estos momentos para poder enfrentar el recto que la justicia que habrá de sortear en el futuro inmediato, por el gran cumulo de casos no resueltos que tendrá que abordar y dar respuestas satisfactorias para tranquilidad de la población.
En ese sentido, consideramos que el doctor Emmanuel Esquea Guerrero, es el dominicano que más bien encarna el perfil del modelo de Procurador General Independiente que necesita la sociedad dominicana de estos momentos para poder enfrentar con éxitos el desafío que tiene la justicia dominicana, porque reúne las condiciones de profesionalidad, honorabilidad, independencia, probidad y coraje, cuyos atributos ha demostrado cuando le ha correspondido actuar dentro y fuera de la vida política y social del país.
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