La Ley 153-98 que creó el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), establece que el 2 por ciento de las facturas que pagan los usuarios de los servicios de telecomunicaciones serán destinados al Desarrollo de las Telecomunicaciones a nivel nacional.
Es de suponerse que desde el 1998, en que fue creado el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones en el país, el Indotel debió haber acumulado una inmensa cantidad de recursos que le permitiera invertir en la mejoría de la infraestructura de las Telecomunicaciones a nivel nacional, pero al parecer eso no ha ocurrido.
Como conocedor y estudioso del tema de las Telecomunicaciones en la República Dominicana, le he estado dando seguimiento a los proyectos que se han desarrollado en el país, tales como República Digital y los Centros Tecnológicos Comunitarios e Informáticos, los cuales resultaron ser un fracaso para el Estado dominicano.
La mayoría de los CTC y los CTI, que promovieron conjuntamente la exvicpresidenta Margarita Cedeño de Fernández y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, se encuentran casi desaparecidos porque no se crearon las condiciones sustentables que les permitieran seguir operando en las comunidades en que fueron instalados para brindar servicios a los jóvenes víctimas de la brecha digital.
Al frente de esas instituciones se nombraron a personas sin ninguna preparación académica y tecnológica, por lo que no pudieron darle mantenimiento, y conforme fue pasando el tiempo, paulatinamente se han ido deteriorando hasta el punto de que hoy día más del 80 por ciento no funcionan en las comunidades en que fueron creados.
En cuanto a República Digital, pese a que se hizo una gran inversión en la creación de esa plataforma y se vendió como la solución definitiva a la brecha digital que confronta la República Dominicana, ahora nos damos cuenta que no ha servido para nada, porque debido a su inoperatividad ni siquiera ha sido tomada en cuenta para enfrentar el reto que en estos momentos tiene el país de inicial el año escolar de manera virtual con una efectiva garantía de conectividad nacional.
Podríamos decir, que fueran o no, los recursos que se destinaron a esos programas tecnológicos, provenientes del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, como razonablemente debió suceder, los gobiernos pasados lo que hicieron fue echar ese dinero del pueblo a un barril sin fondo, porque ni los CTC, los CTI, ni República Digital le servirán al gobierno para hacer frente a un desafío tan grande como el de inicial el año escolar de manera virtual a nivel nacional.
Como es una responsabilidad del Indotel en su calidad de órgano regulador de las Telecomunicaciones, garantizar la conectividad de la población nacional, debería aportar recursos económicos del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones y asesoría técnica indispensable a las autoridades de Educación para ayudarles a crear las infraestructuras necesarias que le permitan impartir las clases virtuales sin ningún tipo de inconvenientes.
Por suerte que en la Rueda de prensa que ofreció el MINERD para dar a conocer el Plan Nacional de Educación, notamos entre los funcionarios la presencia del presidente del Consejo de Administración del Indotel, doctor Nelson Arroyo, quien al parecer ha entendido con prontitud las responsabilidades de su cargo, contrario a incumbentes anteriores que solo iban a esa institución a perder el tiempo como lo ha demostrado el tiempo.
La participación del Indotel en el proceso de aprendizaje que requiere hoy la educación dominicana es fundamental para el sostenimiento de las plataformas que se utilizaran en la impartición de la docencia virtual a los estudiantes del país y por esa razón el Minerd, se encuentra en la imperiosa obligación de transitar junto a ese órgano regulador por el cambio que habrá de implementar desde el 18 de septiembre con la preparación del personal docente, hasta el inicio del año escolar el 2 de noviembre y más allá durante toda la jornada.
En fin, Indotel de servir como asesor y guardián del proceso virtual de la enseñanza dominicana, porque como órgano regulador de las Telecomunicaciones deberá velar por el cumplimiento de las matas y planes trazados por las compañías de telecomunicaciones, en común acuerdo con el Minerd, para facilitar la conectividad que se requiere para el éxito del año escolar.
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