Exposición reciente de nuestro presidente, dejo preguntas en la mente de muchos dominicanos.
Vimos como valientemente echo para atrás, propuestos impuestos transitorios que todos cuestionábamos y anuncio 2 cosas que debemos resaltar.
1)Barrick Gold nos adelantará millones de futuras utilidades y
2)40 mil millones de pesos no presupuestados, hechos por la gestión de Danilo Medina, recientes, 2020, destinados como pagos a contratistas y “compromisos electorales” y nadie aún ha sido señalado beneficiario, por eso creo que falta mucho por hacer Luís.
Presento plan anti-impunidad que no requiere ir a consensuarlo en Congreso, puede ser por decreto.
Los 40 mil millones deben transparentarse. ¿Quién los entregó y/o recibió?
Para eso, necesitamos crear un Comité Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Activos e Investigación Financiera. (CIPLAIF) que estaría conformado por doce instituciones públicas y tres comités técnicos que incluirían al sector privado.
Así no solo gobierno representado, sino todos, junto al sector privado y contribuyentes cuestionados;
quienes alegan “yo pago mis impuestos. Déjame, busca otro evasor”
Cumpliremos así con normas internacionales, países nos darán más ayuda porque saben tenemos más controles y todos nos beneficiamos de imagen que tenemos hoy, de que R.D. es el trampolín de drogas y lavado más cerca de EUA.
Ampliaremos ley vigente, por reglamento para darle mayor aplicación a normativa, por ejemplo, las personas naturales, nacionales o extranjeras y toda persona jurídica legalmente inscrita bajo las leyes de la República, o que estén registrados legalmente en otros países, tengan estas relaciones diplomáticas o no con el país, deberán cumplir con las obligaciones establecidas en un nuevo marco reglamentario.
La lista de sujetos incluirá a entidades dejadas fuera como son: los Partidos Políticos, jueces, fiscales, militares, personal administrativo de justicia, JCE, empresas de medios de comunicación de cualquier modalidad, así como también a las bancas apuestas, bolsas de valores, sociedades emisoras de tarjetas de crédito, industria hotelera, organizaciones no gubernamentales, cualquier institución privada o de economía mixta, las operadoras telefónicas que realizan transferencias sistemáticas o sustanciales de fondos, entre otros.
Esas personas o instituciones estarán obligadas a partir de las reformas, a informar por escrito, vía Internet a la Unidad de Investigación Financiera de la Procuraduría, de cualquier operación o transacción de efectivo y/o cualquier otro medio, que realicen los usuarios o clientes y que, en un mismo día, exceda a la cantidad de $1.5 millones de pesos o su equivalente en cualquier otra moneda, independientemente se considere sospechosa o no.
Asimismo, se establece que los bancos e instituciones financieras, casas de cambio y bursátiles, adoptaran políticas, reglas y mecanismos de conducta que observen sus administradores, funcionarios y empleados, consistentes en: Conocer adecuadamente la actividad económica que desarrollan sus clientes, su magnitud, frecuencia, características básicas de las transacciones en que se involucran con frecuencia y en particular, la de quienes efectúan cualquier tipo de depósito a la vista, a plazos, cuentas, certificados, etc. y otros que establecerá la Ley. Por ahí empecemos y motivemos al emprendedor a crear negocio nuevo, emplear gente y no como hoy, frisándolos en activos esperando engorden con el tiempo. Luis no es apagar el ruido ni oxigenar la indignación del momento, sino llegar a condenas seguras con procesos bien instruidos que abran posibilidades reales de recuperar parte de lo distraído.
