MI SENTIR
Por más justificación que se le quiera dar al ensayo de corrupción llamado “Barrilito “que se instauró en el Senado de la Republica y el “Cofrecito”, en la Cámara de Diputados, no es razonable que esas erogaciones de recursos se puedan mantener en medio de la situación económica que vive el país en estos momentos.
Aunque este último fue supuestamente eliminado durante los últimos años de la gestión del expresidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, todavía en ese cuerpo legislativo se mantienen los mismos beneficios que se otorgaban a través de esa figura, de manera disfrazada.
Si bien es cierto que la Constitución de la República establece que la función de los legisladores se circunscribe a los ámbitos de legislar, fiscalizar y representar, no es menos cierto que el clientelismo político que se vive en nuestro país les obliga a incurrir en grandes gastos para alcanzar esas posiciones, pero eso no les da derecho a servirse en igual proporción de las arcas del Estado.
Los políticos y aspirantes a posiciones congresuales deben cambiar la mentalidad que los domina, en el sentido de que lo primero que se proponen hacer, una vez llegan a ocupar la curul, es lucrarse de los beneficios que representa la posición legislativa, que consiste en la entrega de dos exoneraciones y el famoso “Barrilito”, como forma de compensar lo invertido en la campaña electoral, sin contar con sueldos, viáticos, dietas ni otros recursos que puedan generar a través de sus maniobras legislativa.
Claro está, que no todos los legisladores cuentan con esas habilidades, porque para eso es necesario hacer carrera legislativa habiendo ganado varios periodos congresuales, los que les otorgan las experiencias para maniobrar con los sectores de poder del país.
Lo justo sería que quienes decidan aspirar a representar a sus comunidades en el Congreso Nacional, lo hagan con recursos propios y los que el Estado le proporciona a los partidos políticos, para que no se vean obligados a cometer indelicadezas para compensar sus inversiones y cumplir con el pago a sus electores.
En definitiva, lo que se impone en este momento que vive el país, de cambio y pandemia, es que en diversos ámbitos del estamento público se produzca una cruzada contra el populismo y el clientelismo que devuelva al Estado capacidad institucional y la fortaleza económica necesarias que le permitan poder hacer frente a las demandas más urgentes de la población dominicana.
Los legisladores de todos los partidos políticos le harían un buen servicio al país si en las circunstancias en que vivimos renuncian al llamado “Barrilito” y las exoneraciones que como beneficios les otorga el Congreso Nacional para que los mismos sean invertidos por el Estado dominicano en otras áreas más prioritarias, como la educación y la salud pública que necesitan más recursos para contrarrestar los efectos de la pandemia.
Lo que más quisiéramos ver, como lo ha pedido el pueblo dominicano, es que los senadores y diputados que han asumido sus funciones en un ambiente de cambio y de pandemia como el que vive el país, dieran el buen ejemplo y en vez de estar defendiendo los beneficios que reciben como consecuencia de malas prácticas legislativas, hagan lo que hizo el senador Antonio Taveras Guzmán, que renuncio al Barrilito para que la Cámara lo destine a otras casos prioritarias.
Esperamos ver más temprano que tarde, la manifestación de ese gesto entre los demás legisladores del país para que comiencen por recobrar su credibilidad y confianza en la población dominicana.
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