“Fulana está de corrupción hasta el cuello y se ha llenado los bolsillos con dinero público” – “¿Y tú cómo lo sabes?” –
“Lo han dicho en la tele, y lo afirmaba la periodista X. Además, no paran de decirlo en Internet. Está clarísimo”
Se oye este comentario a diario y la gente ensucia y comparte, a ver si se pega algo, y los condenamos antes de pasarle juicio.
Mire. El ministerio público tiene un dilema, instrumentar expedientes que no se caigan y luchar contra la presión de las redes que quieren ver rodar cabezas
como en el circo romano. ¿Qué podemos hacer?
La justicia popular, en la que cualquiera se cree con derecho a acusar y condenar públicamente, es más efectiva, me dicen y creo que la consecuencia de todo ello resulta peligrosa y preocupante. Porque ahora tenemos dos justicias.
La que se imparte en las televisiones, en los medios de comunicación, en las redes sociales y en la calle, y la de los Tribunales.
La primera es rápida y expeditiva, todo el mundo se cree con derecho a impartirla, y además es irreversible, porque cuando le has destrozado el honor a una persona a la que le has colgado la etiqueta de corrupto o ladrón, sin presunto, ya no hay vuelta atrás.
Difama, que algo queda. La otra Justicia, la de verdad, es lenta, está llena de trabas, se pierde entre procedimientos complejos, y finalmente, siempre llega tarde, cuando el daño ya está hecho, cuando el corrupto o ladrón, sin presunto, ya no es noticia, precisamente porque ya todos decidimos en su momento que era corrupto o ladrón, y, por tanto, ya poco importa lo que digan los Tribunales.
Este país está enfermo por la impunidad, queremos venganza, justicia a la liguera y no es así.
Mire, cuando un periodista -cuyo nombre no viene al caso- afirma (cito textualmente) “la presunción de inocencia es sólo una regla del proceso penal: consiste en que el fiscal tiene la carga de la prueba. Los medios, no” … “Solo faltaba que en una democracia mediática los periodistas tuviéramos que esperar hasta el Supremo para opinar sobre corruptos y corruptas”.
Y no sólo no pasa nada, sino que la gente lo aplaude.
Efectivamente, vivimos en una democracia mediática, desgraciadamente. En la que son los medios (de información) y las redes sociales, quienes acusan, juzgan y condenan. Efectivamente, algunos periodistas aparte de informar, también opinan, y ponen al oscultado sobre la espada y la pared. En un país donde nadie hace periodismo investigativo, son valientes esos reportajes y lo aplaudimos, pero señores, la presunción de inocencia no es sólo una regla del proceso penal es un Derecho Fundamental recogido en la Constitución Dominicana, que ampara a todos los ciudadanos en cualquier ámbito y circunstancia. La presunción de inocencia ampara a todos y obliga a todos.
A los medios también, obviamente.
La presunción de inocencia es un pilar básico del Estado de Derecho, algo por lo que muchos de nuestros padres lucharon durante décadas hasta conseguir que en 1976 se convirtiese en un Derecho de todos.
Algunos incluso dieron su vida por ello. La presunción de inocencia es una garantía para todos, porque todos los ciudadanos tienen los mismos derechos ante la ley, ya sea un político presuntamente corrupto, un terrorista sanguinario o ese mismo periodista que pontifica. Todos tienen la seguridad que si son acusados, serán juzgados ante un Tribunal imparcial, independiente y en un proceso con todas las garantías legales, en las que, efectivamente, la carga de la prueba la tiene el Fiscal, y en función de la cual, mientras no se demuestre con pruebas suficientemente consistentes y ante ese Tribunal al que la Constitución le ha otorgado la función de impartir Justicia, esa persona es inocente y lo seguirá siendo, mientras no haya una sentencia que diga lo contrario.
Así que sí, Señor mío. Los periodistas y todos los ciudadanos deberían, aunque sólo fuese por higiene democrática, esperar a las sentencias de los Tribunales para afirmar que tal o cual persona ha robado o malversado. Porque esa es la esencia del respeto a la presunción de inocencia. Un derecho que todos tenemos, un derecho que anhelamos cuando somos la víctima, pero que olvidamos demasiado fácilmente, cuando el acusado es otro. Al fin y al cabo, es tan sencillo como tratar a los demás, como uno quisiera que le tratasen si se viese en su tesitura.
Es quizás el momento de que muchos reflexionen, y acaso lean la carta que Emile Zola escribió en 1898 al presidente de la República Francesa a través de un periódico. “J’accuse!” (“Yo acuso”), es un alegato por la presunción de inocencia del capitán Dreyfus que había sido condenado injustamente, una lección de honestidad, un ejemplo de dignidad.
Mas de un siglo después, aquí todavía no hemos aprendido nada y usamos códigos franceses no common law jurisprudencial como EUA, entonces ¿porque la prisa?
Apoyemos a Procuradora Miriam Germán, creo, el proceso debe cumplir reglas y si hay tantas evidencias, presionen y acusen, yo quiero extinción de dominio civil y recuperar lo robado.
Veo extinción de dominio como un proceso civil dentro de la esfera del fuero Penal, como ocurre con los accidentes laborales, en los que el daño se reclama junto a la acción penal, eso lo decidirá la Suprema, espero lo debatan.
