Taponamiento de varios kilómetros se registran cada día en la carretera La Isabela, tras el cierre de la entrada al residencial que es usado como vía de desahogo
La Junta de Vecinos del residencial Cuesta Brava, Arroyo Hondo, Distrito Nacional, volvió a cerrar el tránsito por el interior del habitacional, pese a existir una sentencia de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia, que lo prohíbe y ordena demoler las garitas levantadas para estos fines.
La sentencia es la No.883-2009, de fecha 21 de octubre de 2009, mediante la cual, el tribunal ordena al síndico de entonces, Roberto Salcedo, demoler dos garitas que obstaculizan el libre tránsito en las calles Ercilia Pepin y Salomé Ureña del referido sector, ubicado en la parte noroeste de la capital.
La decisión de cerrar de nuevo el paso a cientos de vehículos provenientes de los sectores aledaños, principalmente, los residenciales Puerta de Hierro y Buena Vista, entre otros, está provocando taponamiento del tránsito que se extiende por más de cuatro kilómetros en la carretera La Isabela, generando intranquilidad entre los usuarios que tardan horas para cruzar ese trayecto y llegar a sus centros de trabajo.
No obstante, al taponamiento de la vía principal, en la calle interior al residencial se cuentan más de una docena de muros, de los llamados policías acostados, que hacen más lenta la movilidad de los vehículos, contribuyendo de este modo al congestionamiento del tránsito.
Acaloradas discusiones se observan en la entrada oeste del residencial Cuesta Brava entre los que quieren acceder para evadir el tapón y el personal de seguridad que le impide utilizar ese desahogo.
Algunos temen que un día pase lo peor y los miembros de la seguridad sean agredidos durante las discusiones con los usuarios de la vía.
También han indicado que ese residencial fue diseñado con tres calles para el desahogo del tránsito, que concluyen en la avenida Jacobo Majluta, pero fueron cerradas para impedir el acceso de los no residentes.
En la sentencia, condena a Roberto Salcedo al pago de un astreinte de 5 mil pesos por cada día de retraso en el incumplimiento de la Sentencia de Amparo que fue solicitada por la Asociación de Vecinos de Puerta de Hierro, Inc. y la Junta de Vecinos de Buena Vista.
También existe la Resolución No. 41-2007 del Concejo Municipal que ordenó la demolición de las garitas, pero el síndico Roberto Salcedo no la ejecutaba.
