Con altísima frecuencia ocurre que nos dedicamos tanto a determinadas actividades que perdemos la noción del paso del tiempo y relegamos actividades tan importantes como alimentarnos o descansar.
Es en atención a ello que, a modo de sana contribución, he decidido ocuparme de recordar un tema que parece se ha ido olvidando.
Quizás por tanto trabajo y posiblemente con cierto empeño en garantizar la agilización de tantas soluciones a necesidades urgentes de la población, con énfasis en las zonas más apartadas y marginadas del país, es posible que nuestros legisladores estén olvidando un asunto que hace poco estuvo en la palestra.
Habría que suponer que la faena para decidir a cuál partido corresponde la segunda mayoría senatorial ha implicado desde revisión de aquellos aportes de los egipcios a la aritmética y la geometría hasta el uso de algún ábaco chino, sin dejar de lado la opinión de algún experto en cuentas.
Y ni decir sobre lo que habrá implicado renovar la Junta Central Electoral, con casi un mes de intensa labor de revisión de perfiles y hasta teniendo que escuchar ciertas comiquerías de más de trescientos aspirantes a formar parte del organismo encargado de administrar y conducir las elecciones de las autoridades gubernamentales.
En la Cámara de Diputados, de su lado, aunque han recibido algunas visitas no gratas, con rotura de cristales y otros detalles similares, se han ocupado con cuestiones como la edad a la que se debe permitir el matrimonio en el país.
El temor es que, con tan intensa labor, con la pandemia por sus fueros, con la proximidad de la Navidad y el fin de año en tiempos enrarecidos, entre otros temas, los legisladores se olviden de aquel proyecto anunciado por la Senadora del Distrito Nacional para “eliminar los fondos asociados al llamado barrilito”, en coherencia con sus reiteradas críticas al “uso discrecional, clientelar y apartado de las funciones del legislador”.
En ese sentido es muy útil recordar que el Artículo 93 de nuestra Constitución establece las atribuciones del Congreso Nacional. Todo lo expresado ahí se puede resumir en tres funciones generales: legislar, fiscalizar y representar a sus respectivas demarcaciones.
También es oportuno retrotraer que República Dominica está entre los países de América Latina con mayor gasto legislativo. Así lo expresa un informe preparado por el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), correspondiente al 2019.
Se trata de un interesantísimo estudio publicado con el título “El costo de los congresos de América Latina 2019”. Para ese trabajo analizaron 17 países. Nosotros aparecemos en séptimo lugar con mayor gasto legislativo, con un monto ejecutado ascendente a US$151 millones; y en cuarto lugar, en términos relativos.
El estudio revela que “el Fondo de Compensación Social, también conocido como el “cofrecito” y el “barrilito”, es un componente importante del gasto legislativo”. Esa “función” (ajena a los legisladores, según la Constitución) implicaría gastar en el 2021 “unos RD$691.6 millones, repartidos entre la Cámara de Diputados y el Senado, en un 66.7% y 33.3%, respectivamente”.
El informe del CREES tiene datos muy útiles. Por ejemplo, en cantidad de legisladores por habitantes, República Dominicana, con 21 legisladores por cada millón de habitantes, solo es superada por Uruguay, con 37 congresistas por cada millón de habitantes.
Cabe indicar una diferencia muy marcada entre los dos países con posiciones cimeras: en Uruguay, un senador emblemático renuncia a su cargo y hasta se retira de la vida política. Alega dos razones: la pandemia no le permite realizar bien la labor de representación, y hay que dar paso a las nuevas generaciones. ¿Algún legislador llegaría a ese nivel de decoro en este país?
Insisto en que no estoy expresando nada nuevo. Solo se trata de algunos recordatorios. Tampoco espero que me lo agradezcan. Solo procuro que no se vaya a olvidar un tema que trascendió hace poco, pero que posiblemente estos afanes de la vida moderna y tener que esforzarse tanto en sus labores provoquen que se quede sin cumplir.
Parece que se impone que nos detengamos para organizar el trabajo, estableciendo prioridades y asumiendo las transformaciones que darían sostenibilidad y aportarían al equilibrio de que precisa el ensayo de democracia que vive la República Dominicana.
Por Néstor Estévez.
