Por: Nuno Viñas
El hacer justicia en la República Dominicana es un clamor de la sociedad y el pueblo no tolerará que se inmiscuyan fuerzas, sean cuales fueren, que obstaculicen los procedimientos judiciales en los tribunales.
Tarde o temprano habría de llegar la sensatez y el compromiso a ese poder del Estado, llamado Poder Judicial; el cual se conforma de dos partes fundamentales: el Ministerio Público, representante de la sociedad ante la justicia y el Juez, quien es la máxima autoridad de un tribunal, y basándose en las evidencias y la aplicación de la ley, es quien debe administrar Justicia. Se rescataría inaplazablemente, de la profundidad de un oscuro abismo, a la sociedad dominicana.
Se han de juzgar todos estos actos dolosos, no por hacerles daño a nadie, sino más bien por el daño inmenso que ellos hicieron a todos los demás.
De mil maneras hicieron daño: la falta de oportunidades para la gente necesitada de ellas; la pésima calidad de la educación escolar para esas generaciones que representan el futuro que no podría ser diferente y promisorio; la competencia desleal para profesionales y para las empresas existentes; los malos referentes “del poco esfuerzo”, que se le presentan a la sociedad en su conjunto; el quitarle la posibilidad de vivir a un recién nacido o a su madre… o a ambos, o a un enfermo, porque falta un medicamento o una pieza de algún equipo que debió estar disponible en un hospital público cualquiera y en todo momento. Esto es un crimen horrendo, mucho más condenable que el enriquecimiento ilícito mismo.
Contamos ahora con un grupo de procuradores y fiscales con la entereza y la integridad necesarias para darle un rumbo diferente al Estado. Vienen precedidos de su buen nombre que los compromete aún más en su titánica labor de instrumentar los expedientes acusatorios sin sesgadas pretensiones de condenas anticipadas, sino más bien basadas en las pruebas, evidencias y en la ley. Decía el escritor y filósofo francés, duque de la Rochefoucauld, “el buen juicio no es más que la grandeza de las luces del espíritu”.
El Juez, por su parte, tendrá que tener muy en cuenta la buena y equilibrada administración de justicia, pues todo un pueblo estará pendiente de sus sentencias. Una mala actuación de esta parte de la justicia tendría inimaginables consecuencias, provocando un malestar social que se podría evitar. El Juez debe estar consciente de su inmensa responsabilidad ante la nación.
Tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo deberán mantenerse al margen de los juicios llevados a los tribunales de la república, para evitar convertirlos en juicios políticos, pues no lo son; todos sabemos que se robaron el país este grupo de desalmados que se escudaron en un partido político creado por Juan Bosch, quien podría carecer de valentía, pero que nadie puede negarle su honestidad a toda prueba.
El hacer justicia en la República Dominicana es un clamor de la sociedad y el pueblo no tolerará que se inmiscuyan fuerzas, sean cuales fueren, que obstaculicen los procedimientos judiciales en los tribunales.
La tranquilidad social del país no puede ponerse en juego por el sometimiento y la condena a los que sustrajeron el sueño y las esperanzas de toda una población.
La erradicación de la impunidad fue algo que se presentó en la campaña electoral recién pasada como el principal punto del gobierno del Cambio. No se puede amilanar nadie ahora, pues el daño sería mayor. Rousseau, uno de los grandes pensadores de la Ilustración, decía: “el primer valor de la justicia, es conocer que se administra”.
El país entero debe apoyar y colaborar con el Ministerio Público en sus afanes de justicia y no permitir que nada ni nadie se interponga y mucho menos que se pretenda hacer un manejo amañado como antes, cuando resultaba inadmisible la fabricación de expedientes y de condenas, tanto como resultaba inaceptable la selectividad de la justicia; pero es imprescindible y obligatorio la aplicación de la ley para mantener un verdadero Estado de Derecho.
¡Dura lex, sed lex!
