El juez del primer juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, magistrado José Alejandro Vargas, dijo este jueves, al pronunciar el fallo sobre la solicitud de nulidad del archivo definitivo de siete de los implicados en el caso de la gigante de la constructora brasileña Odebrecht, que nunca se produjeron los archivos porque no se notificó en el plazo que estipula la ley “por lo que quedan sin eficacia jurídica” y que lo que hizo el Ministerio Público “fue hacer su oficio”.
“El Ministerio Público manifestó su intención, pero al no notificarla en el plazo que dice la ley a una parte querellante, entonces lógicamente los archivos quedan sin eficacia jurídica y por eso el juez entiende que no tiene que anular archivo ni apoderarse de oficio”, agregó.
Añade: “La salvedad que el juez quiere hacerle a las partes es, miren, respeten los derechos a esta parte querellante, porque esto puede tener consecuencias desastrosas jurídicas para todos los procesos envueltos en esta investigación”.
Resaltó, asimismo, que esa acción puede tener consecuencias desastrosas jurídicas para todos los procesos envueltos en esa investigación: “Los archivos nunca existieron y si el Ministerio fuera ahora a notificarle esos archivos tampoco tendrían valor, porque ese proyecto de archivo están firmados por otras autoridades que ya no están y lógicamente si le notifican esos archivos al querellante el querellante va a decir pero este señor ya no es procurador”.
De su lado, en todo el desarrollo del juicio, el Ministerio Público planteó que la nulidad a favor de los exlegisladores Ruddy González, Julio César Valentín; el actual presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el presidente interino del PLD, Temístocles Montás; Máximo D’Oleo; Radhamés Segura y Bernardo Castellanos, fue irregular.
En su veredicto, el juez Vargas declaró inadmisible la solicitud de revocar los archivos definitivos de las siete personas excluidas de las acusaciones del caso Odebrecht, porque una de las partes implicadas en el proceso, que identificó como Manuel Jiménez, quien se había querellado contra varios de los implicados y de la empresa constructora brasileña, no fue informada por el Ministerio Público.
