El empresario dijo que fiscales, jueces, alguaciles y notarios complotaron para despojarlo de una propiedad. Pidió a la procuradora Miriam Germán que intervenga en el caso
Un inversionista de Jarabacoa denunció este miércoles que ha sido víctima de la extorsión y el chantaje dirigido a que la justicia no aclare un fraude cometido por dos registradoras de títulos en La Vega, que han afectado sus propiedades.
Eduardo Collado dijo que pese a que esas registradoras actúan fuera de las leyes y reglamentos inmobiliarios, las autoridades competentes han tratado de ocultar y buscar una solución por la vía del chantaje y la extorsión, y que en ese sentido está acudiendo a la justicia.
Indicó que, asombrosamente, de una forma inexplicable en materia de derecho, este problema no se ha resuelto.
Informó que ante esa situación acudió el pasado mes de noviembre ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (PEPCA), donde presentó una denuncia dirigida a la magistrada Jenny Berenice Reynoso y al magistrado Wilson Camacho, con el fin de demostrar lo que ha estado denunciando.
Precisó que al no obtener respuesta, depositó el pasado jueves 4 de febrero, a la magistrada Miriam German Brito, con el expediente 000939, con la esperanza de que lo reciba para iniciar la comprobación de los hechos que ha denunciado.
Manifestó que en la denuncia figuran los nombres y apellidos de los integrantes de la red mafiosa donde hay seis fiscales, cuatro jueces de la jurisdicción penal y cuatro de la jurisdicción civil, cuatro registradores de títulos, dos abogados, un alguacil y dos notarios que se asociaron para despojarlo de su propiedad en componenda con un empresario.
Dijo que después de su denuncia en enero del año pasado la inspectoría del Poder Judicial dio declaraciones públicas diciendo que se iba a investigar el caso, pero, “nunca nos llamaron, no se investigó nada, ni siquiera le pusieron número al expediente que estaba denunciando”.
Precisó que dirigió la denuncia al presidente del Consejo del Poder Judicial y a su vez presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, porque después de haber agotado todos los recursos administrativos en la jurisdicción inmobiliaria, no se ha resuelto nada.
Pidió la atención del Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antioliano Peralta, para que en virtud del decreto 33-21 emitido por el Presidente de la República, apodere al grupo de abogados comandados por el doctor Sidmund Freud, para que después de revisar todo el proceso administrativo de este caso que tiene procesos civiles, penales e inmobiliarios, le pueda dar una explicación exacta y verídica sobre este conflicto al señor Presidente del a República, y le dé al país una información de lo que esto ha generado donde se ha puesto en peligro la seguridad jurídica.
Dijo que se pone a disposición de cualquier medio de comunicación o programa de investigación que quiera documentar para profundizar este proceso y desenmascarar esa mafia con raíces profundas en el sistema de justicia.
