Por: Nuno Viñas
La Constitución de la República y las leyes, componen la base del Estado de Derecho de una nación. Igualmente, la Constitución determina la forma de organización política a la que se somete a una sociedad.
El presidente de un país jura cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, al momento de juramentarse. Con esto se supone que se evitaría la transgresión a ambas por parte del gobierno y de hacer todo lo posible para conminar a la ciudadanía a cumplir las leyes.
El cumplimiento y la aplicación de la ley debe ser igual para todos, sin quedar nadie excluido, aunque sea o haya sido funcionario público, y ha de ser en la justa medida, sin excesos pero tampoco con complacencias políticas, pues de lo contrario provocaría un deterioro moral en nuestra sociedad.
El funcionario público infractor, muchas veces, se cree que está por encima de las leyes y que estás son sólo aplicables al resto de la población. Por eso son tan frecuentes los casos de corrupción en el gobierno.
Y resulta que el robo al Estado es peor que un crimen, pues el perjuicio o la lesión causada es de muy amplio y devastador efecto, abarcando a toda la población, y como tal debe ser la condena. No solo se procura sancionar ejemplarmente al transgresor de la ley, sino más bien advirtiéndoles a todos los demás, lo que sería su suerte ante la posibilidad de hacer lo mismo.
Acaso no es un crimen horrendo , robarle la vida a un niño o a muchos niños, o robarles su futuro, porqué cuando se le roba al Estado el dinero pagado en tributos por todos, incluyendo a los más pobres, se le está robando el dinero que se utilizaría para evitarles a ellos mismos, una vida de carencias absolutas.
No se puede enmendar la falta de preparación académica después de que ya es muy tarde y lo cual ata, a los despojados de la “suerte”, a la pobreza para siempre. Se robaron una gran parte del 4% del PIB para la educación durante años.
La calidad de nuestra enseñanza siguió siendo pésima. Manifesté en varias ocasiones que eso era lo que iba a pasar. Muchas veces me he preguntado con qué derecho pueden hacer este daño y peor aún, que no se le castigue con severidad para que podamos reencauzar nuestro país por caminos de progreso y desarrollo, con el que se pueda alcanzar el bienestar colectivo. La Economía, como ciencia social, trata sobre todo estos aspectos.
Teniendo un país su Constitución y su cuerpo de leyes, solo faltaría la aplicación de las mismas. Para esto tenemos, un Ministerio Público que es el representante de la sociedad ante la justicia y también tenemos, a quienes administran justicia que son los jueces, los cuales deben ser necesariamente imparciales. Decía Francis Bacon, filósofo y abogado Inglés: “el juez debe tener en las manos el libro de la ley, y el entendimiento en el corazón”. Esta frase me hace recordar aquella pobre mujer que la condenaron a 30 años de cárcel en Barahona, por robarse un pedazo de salchichón. Un acto verdaderamente vergonzoso.
Y entonces, como se “permite” que un funcionario público pueda robarse sumas inmensas de recursos que están destinados a apoyar los programas básicos y de asistencias del país y no pase nada. Esto también es vergonzoso y mientras sucede, el gran público de esta aberrante historia, que es la población, no solo se abruma sino que le provoca el rechazo a todo orden, de manera creciente.
Se requiere, en una democracia, que exista la independencia de los poderes del Estado.
Pero resulta, que quien nombra los jueces, a través del Consejo Nacional de la Magistratura. son los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo. Todos ellos son políticos y los políticos se han ganado, casi en su generalidad, la desaprobación de la ciudadanía debido a sus actuaciones inconsecuentes y por la connivencia entre ellos, que muestran el fingimiento y el engaño en los aspectos de moral y decencia en el ejercicio de sus particulares funciones públicas. ¡Y son ellos los que nombran los jueces!
El Ministerio Público lo nombra el Presidente de la República, y este puede destituirlo cuando entienda que deba hacerlo.
El presidente actual, Luis Abinader, ha dado garantías públicas de que realmente quiere una Justicia independiente. Lo único que él puede hacer para lograr eso, en adición a su participación en la selección de los jueces, es no entrometerse de ningún modo, ni siquiera con actuaciones que den malas señales, en las ejecuciones de procuradores y fiscales.
Siendo el nuestro un régimen presidencialista, si el Presidente da una mala señal, sería contraproducente y confuso. Muchos vimos con asombro, cuando se mencionaba insistentemente en el país, la participación de un socio local de Odebrecht, en supuestas actividades reñidas con la ley, y el presidente, en ese mismo momento, se inclinó a dar una señal de protección o de defensa al asistir a una cena en Santiago con la misma persona cuestionada.
El presidente podría correr con el riesgo de que se pueda sobrentender que está influenciando a la justicia con esto.
Cada quien que se defienda de lo que pudo haber hecho, ante los tribunales de la república, sin injerencia política alguna.
Esa misma persona, debe tener, y es lógico pensarlo, muchas informaciones que podrían ser cruciales en el juicio del caso de Odebrecht y en su presumible participación en los sobre-costos de todas esas obras construidas por el consorcio contratado, que representaron miles de millones de dólares, que fueron a engrosar el balance de la deuda pública. Cicerón, el gran orador romano, vaticinó con su esclarecida visión que: “ Hacer depender la justicia de las convenciones humanas es destruir toda moral”.
La justicia en su más amplio alcance, es lo que le da estructura a una sociedad y un sentido único de orden. En otras longitudes a los infractores de cosas graves como robarle al Estado, se le condena a la pena de muerte y los llevan al paredón de fusilamiento. En esta parte del mundo eso es moralmente inaceptable.
Nuestro único medio de corrección es pues, la justicia y si esa justicia no funciona, entonces estaremos condenados al caos y a las condiciones invivibles del tercer mundo para siempre.
Donde hay poca justicia habrá permanentemente el peligro del desorden generalizado.
Y es lo que vemos a diario: invasiones de tierras permanentemente por los mismos grupos de delincuentes; sindicatos de choferes que creen que las calles les pertenecen y uno de sus voceros se atreve, de manera desafiante, a hablar de fusiles; ex funcionarios comprometidos con actos dolosos que salen de la fiscalía con altanerías y prepotencias, pues de algún modo se sienten protegidos; programas de radio y televisión que usan un lenguaje obsceno e hiriente a la decencia y a las buenas costumbres; delincuentes que atacan a la población una y otra vez no obstante caer presos reiteradamente, y una lista interminable de asuntos que todos ellos, lo que crean es un desconcierto absoluto. “Estoy a favor de la justicia, a favor o en contra de quien sea”. Malcom X, activista de los derechos civiles en EEUU.
La procuraduría tiene el deber de someter a los que se han robado el país y no debe desacelerar los procesos de investigación y sometimientos. Si tiene que pedir una mayor asignación de recursos, que lo haga y el gobierno debe dársela. Su responsabilidad ante la sociedad es inmensa y sería ampliamente condenable una mala actuación, creando posiblemente un problema social y político, de ignorada repercusión.
La justicia en el país debe actuar con firmeza y ser implacable al momento de someter y condenar a quien viole la ley. El cuerpo de leyes existe, la independencia de la justicia, en teoría, también.
El Ministerio Público está en manos afamadas y reconocidas. Los jueces que no apliquen la ley correctamente, deben ser sometidos a los procesos establecidos para su destitución.
Si no tenemos una justicia verdadera y confiable nuestro país no podrá salir del caos nunca. Debemos exigir que nuestra justicia lo sea. De lo contrario, el desorden que se seguirá generando, no solo será culpa de los que infringen la ley, sino de los que se percaten de todo esto y no hagan nada por cambiarlo.
¡Todavía estamos a tiempo?
