El centro de debates iniciado este lunes en el juicio Odebrecht estuvo matizado por la falta de notificación de una prueba en contra del imputado Conrado Pittaluga, esta evidencia fue depositada por el Ministerio Público, pero las juezas que componen el caso confirmaron que la misma no se le presentó al encartado ni al Tribunal, como lo establece la norma.
Es por esto que la fiscal Mirna Ortiz, coordinadora de litigación de la Procuraduría, reveló que el Ministerio Público tiene una investigación abierta para examinar la falta de claridad en la manipulación de las pruebas del caso, ya que es desde la Suprema Corte de Justicia (mismo edificio de la Procuraduría) donde se cotejan y manejan las evidencias de los casos de corrupción, y aunque los fiscales depositaron la referida prueba, esta nunca llegó a manos de las juezas ni de Pittaluga.
“El Ministerio Público ofreció esa prueba contra Pittaluga con su debida traducción.
Lo que ha quedado evidenciado es que el manejo de esa prueba no se hizo de la manera más clara y detallada posible. Eso pasó por un manejo poco minucioso en la Suprema Corte de Justicia cuando se cotejaron las pruebas”, explicó Ortiz y reiteró que a raíz de este caso, el Ministerio Público abrió una pesquisa para evaluar a un posible personal de la entidad involucrado en esta acción ilícita.
En ese sentido, Ortiz señaló que la investigación debe comenzar “primero en la casa” para examinar si a partir de ahí se desprenderían consecuencias o se ampliaría la investigación a otros estamentos de la justicia. Lo que sí tiene claro el Ministerio Público es que investigará un supuesto manejo irregular de las evidencias en el caso Odebrecht.
Como explicó Ortiz, esta prueba que encabezó los debates de este jueves en el juicio de fondo, consiste en una serie de transacciones hechas por empresas de Pittaluga.
Presumiblemente, entre estas operaciones financieras se encuentran pagos recibidos desde la constructora Odebrecht que podrían ser sobornos que, a su vez, fueron depositados a las cuentas personales de Víctor Díaz Rúa.
Cuando estos debates por la evidencia finalizaron, las juezas que conocen el caso decidieron incorporar la prueba porque confirmaron que la misma fue depositada y presentada en el plazo correcto por el Ministerio Público y explicaron que aunque el Tribunal ni el imputado la tengan en sus manos, la evidencia cumplió con los requisitos establecidos.
Esta decisión mayoritaria de las juezas tuvo el voto disidente de la magistrada Tania Yunes, quien sostuvo que “no se debió aceptar la incorporación de la prueba” porque, como bien explicó la presidenta del Tribunal, nadie la tiene en su poder, sólo el Ministerio Público.
