Varios consejeros del Tribunal de Cuentas preguntaron a su presidenta, María José de la Fuente, por la renovación del órgano fiscalizador, cuyo mandato de nueve años concluye el 23 de julio. Y la presidenta reconoció que “no sabía nada”, según fuentes del tribunal. De la Fuente envió en abril un escrito a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, requiriendo el relevo en tiempo y forma de los 12 consejeros del tribunal, pero no obtuvo respuesta.
Batet le planteó el dilema a los grupos, sin éxito. El PP se niega a negociar esa renovación ahora, tras la concesión de los indultos a los líderes separatistas y en vísperas de conocerse la sanción de 5,4 millones euros que el tribunal impondrá a 40 ex altos cargos de la Generalitat.
Los populares rechazan negociar con el Gobierno y el PSOE porque, como pasa en el Consejo General del Poder Judicial, disponen de mayoría absoluta también en ese órgano (7 de los 12 consejeros fueron propuestos por el PP) y no la quieren perder.
La disputa entre el Gobierno y el PP con motivo de los indultos a nueve dirigentes independentistas catalanes se juega en todos los frentes. Y esta semana le toca el turno al Tribunal de Cuentas, el organismo fiscalizador de las instituciones públicas.
El tribunal debe resolver este martes el expediente abierto por la responsabilidad contable de los cargos del Gobierno catalán entre 2011 y 2017 al usar de manera indebida fondos públicos para la promoción exterior del proceso independentista.
El informe abarca la gestión del organismo público Diplocat y de varias consejerías, y afecta a casi 40 ex altos cargos de la Generalitat, desde los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, al exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Andreu Mas-Colell o Raül Romeva, entre otros.
El expediente sancionador de 500 páginas que se discutirá el martes en el Tribunal de Cuentas apunta a que se pudieron emplear más de 5,4 millones de euros en ese cometido de buscar apoyos internacionales para el proyecto independentista.
Ese mismo día, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibirá en La Moncloa en una entrevista bilateral al nuevo presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para retomar una relación institucional y política perdida en estos últimos 10 años de deriva del proceso independentista.
El Gobierno central de coalición encara así un momento crítico de la legislatura, tras una semana difícil por la concesión de los indultos a los líderes separatistas catalanes.
El presidente Sánchez ha multiplicado su presencia estos días para explicar lo que ha denominado “la agenda del reencuentro”, con apelaciones constantes al “perdón”, “la concordia y la convivencia” para justificar esas medidas de gracia en razón de la utilidad pública.
Los indultos fueron aprobados el martes pasado por el Consejo de Ministros, pese a los informes en contra del propio Tribunal Supremo, que fue el que dictó las sentencias condenatorias, y de la Fiscalía.
Pese a esos escollos, el Ejecutivo debatió durante horas su propuesta de una solución más política que jurídica al conflicto catalán. En esa estrategia se cruza ahora la aprobación del expediente sancionador del Tribunal de Cuentas contra los ex altos cargos de la Generalitat.
El miércoles, en el Congreso, los portavoces de ERC, Gabriel Rufián, y de Junts, Míriam Nogueras, exigieron al Gobierno “más pasos adelante” y “valentía” en el proceso para destensar la crisis catalana y apuntaron directamente contra las decisiones del Tribunal de Cuentas.
Rufián llegó a descalificar al tribunal por su composición, que atribuye a determinadas sagas familiares conservadoras (Manuel Aznar, hermano del expresidente del Gobierno, está entre los consejeros del PP), y demandó una renovación en su sistema de elección.
