“No juzgues cada día por la cosecha que recoges, sino por las semillas que plantas”.
-Robert Louis Stevenson-
He seguido de cerca los acontecimientos acaecidos en los últimos meses donde se han involucrado a militares y policías en hechos delictivos, hasta el nivel en que algunos de alto rango han sido sometidos a la justicia y la evidencia del Ministerio Público ha tenido el peso para que un juez les imponga medidas de coerción. Aunque en derecho no significa que sean culpables hasta haber sido condenados por una sentencia de un juez con la calidad de la cosa irrevocablemente juzgada, eso no impide que no sólo en los cuarteles, sino en el seno de la sociedad, la vox populi en sus comentarios que desde hace años se vierten sobre inconductas de algunos uniformados ha ocasionado que la imagen de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se encuentre “altamente cuestionada”.
Este escenario amerita, urgentemente, como estoy seguro está sucediendo, dada la calidad, profesionalidad y experiencia del mando actual, una reestructuración de la fuerza, donde predomine un diagnóstico realista que determine las fallas y las maneras de corregirlas, sin pretender que años de contubernios, permisividad y distorsiones en la cadena de mando, se corrijan totalmente en meses.
Por tal virtud, aplica de inmediato una depuración constante, con la participación activa de los departamentos de asuntos internos, de cada fuerza, así como la actualización de la capacitación, educación y entrenamiento, en función a las misiones Constitucionales, que provean la listeza operacional que permita formar uniformados con el perfil para preservar en el marco de las leyes: la seguridad, defensa nacional y el orden público. Con una estrategia de comunicación que responda mayormente con resultados ya que unas Fuerzas Armadas y Policía Nacional, virtuosas y apartidistas, ejes transversales para mantener los intereses vitales, que tomen el control de su papel recibirán siempre el respeto y respaldo de los ciudadanos.
Estos cambios, para que sean reales y permanentes, deben contar con el apoyo irrestricto y la supervisión del poder político, con el presidente de la República a la cabeza, tirando por la borda estilos del pasado, donde la “sumisión incondicional” ha buscado ascensos y designaciones inmerecidas, con el fin de obtener patente de corso para la corrupción y demás indelicadezas que han afectado gravemente los institutos armados, bajo la mirada indiferente de una sociedad que hoy reclama sanciones. La integridad, capacidad y la experiencia , deben ser los únicos requisitos para progresar dentro de los cuarteles.
Sobre la polémica que existe entre juristas sobre la pertinencia de los “tribunales militares” versus los “tribunales ordinarios”, con la experiencia de más de tres décadas viviendo las interioridades de los cuarteles y sus dilemas , primeramente, me causan sorpresa ciertas interpretaciones enfocadas solo en la jurisdicción de los casos, sin tomar en cuenta la naturaleza de “hechos específicos” que deben ser juzgados por jueces que conozcan el significado militar de la seguridad nacional, el orden público, la insubordinación, robo de armas de guerra, abandono de un servicio, etc; que es exclusivamente lo que ha pedido el ministro de Defensa a la Cámara de Diputados. Y no como algunos han interpretado erróneamente, que lo que se persigue es que todos los delitos cometidos por militares deben ser juzgados por tribunales militares.
Es importante precisar que los temas de seguridad nacional y pública, sin perjuicio a las leyes, deben manejarse con el más alto sentido de prudencia, objetividad y pensando siempre en el bien común. En las críticas sobre los mismos debe primar la evidencia para proteger instituciones como los cuerpos castrenses, conformadas mayormente por hombres y mujeres dignos, que han comprometido sus vidas al servicio de la patria y que son “columnas de la democracia”. Es injusto que por culpa de unos pocos se quieran denostar las instituciones que con breves participaciones en interregnos, no escapan de los efectos de una globalización sin límites, a veces con aspectos perjudiciales, cuando su accionar, por no ser un fin en sí mismas, se dedica a preservar la integridad territorial, los gobiernos legalmente constituidos, y la paz pública que permite el libre comercio creador de empleos y contribuyente de primera línea al desarrollo nacional. Y es que vivimos tiempos donde, sin vacas sagradas ni culpables favoritos, se debe de hacer justicia con el que delinque, y si el infractor es militar o policía, mientras mayor sea el rango, debe aplicársele con más severidad la “vertical disciplinaria y legal”.
Es el momento de promover “la unidad nacional” entre los dominicanos decentes y que piensan y aportan en función de los “objetivos nacionales”, para después no acudir al muro de las lamentaciones, con los llantos de Jeremías; creando una verdadera nación, bajo la égida de un Estado institucional y progresista, donde se escuchen los planteamientos racionales, sin prejuicios y con la proa hacia el progreso colectivo, sin contaminación del interés particular.
Los equivocados de siempre, los de ayer y los de hoy, en un país donde todos nos conocemos, no tienen la fuerza para evitar los avances que reclaman las grandes mayorías, las cuales confiaron en el pasado proceso electoral en un nuevo liderazgo político , que tiene el compromiso de asumir y hacer realidad esa esperanza nacional que estaba dormida y que emergió en medio de una pandemia, con la fe en un futuro mejor, sobre todo en los que recae una vetusta deuda social que necesita ser saldada.
