Por: Danilo Cruz Pichardo
En innumerables entregas hemos reconocido el acierto de la presente administración en el manejo de la pandemia. La oposición regularmente evade ese tema y, en ocasiones, en un ejercicio de seriedad, reconoce la labor gubernamental en torno al problema sanitario.
Otro punto positivo de Abinader, a través del Consejo Nacional de la Magistratura, ha sido la conformación de cortes constituidas por personalidades adornadas de ética, independencia política y profesionalidad.
La democracia se fortalece con la separación de poderes y la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas de hoy son órganos muy superiores a los comités de peledeístas de Roberto Rosario, Hernández Peguero y demás. El Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia también han mejorado.
Más que el problema sanitario y la elección de profesionales idóneos en las cortes, el punto más luminoso de Abinader descansa en el Ministerio Público, porque es la primera vez en la historia social dominicana que se sanciona corrupción pública e impunidad, en un país donde la designación de una persona en un cargo relevante siempre fue un pasaporte al enriquecimiento ilícito.
(Si se reforma la Constitución de la República para que el Ministerio Público pase a ser un organismo independiente, establecido en la carta magna, sería una medida plausible).
Es evidente que la sanción de los ilícitos del pasado y del presente, desde la Procuraduría General de la República, más la elección de verdaderos jueces en las distintas cortes, deja muchas veces al PLD y a la Fuerza del Pueblo, que en el fondo son la misma cosa, sin argumentos para rebatir acciones de la presente administración.
El PLD gobernó 20 años a la República Dominicana, no resolvió un solo problema estructural (¡Qué me digan uno!), politizó y arrabalizó los poderes públicos y sus principales dirigentes se hicieron multimillonarios con recursos económicos sustraídos del Estado. Se registró una hipercorrupción sin precedentes.
Sin embargo, el carácter inmoral de los gobiernos peledeístas no significa que todo lo que haga o deje de hacer Abinader es correcto, saludable y beneficioso para el país.
Y en su discurso hay datos que no encajan y hasta resultan contradictorios. Me explico: Luis Abinader habla que el crecimiento del Producto Interno Bruto asciende al 13%, que la recaudación tributaria rompe récord y que las reservas internacionales no tienen precedentes. ¿Y esos beneficios se están transfiriendo a la población pobre de la República Dominicana? ¡Nada!
Contrariamente los dominicanos estamos presenciando una carrera de empréstitos internacionales cuyo total resulta ser la máxima cifra tomada en un período de un año, reduciendo el monto disponible del Presupuesto de la Nación para gastos corrientes y servicios a la población, aumentando el porcentaje del PIB a un 70% e hipotecando el futuro del país.
De forma simultánea la población ve reducir su poder de compra, como consecuencia de la inflación que registran todos los servicios y bienes, empezando por los productos de la canasta familiar, situación que el jefe de Estado atribuye al alza de las materias primas o insumos, en el mercado exterior, con los cuales se fabrican, mientras algunos economistas no aprueban cien por ciento esa tesis.
Analistas independientes atribuyen las alzas, sobre todo de alimentos, a conflictos de intereses, debido a que la mayoría de los funcionarios del sector agropecuario son empresarios del área. Se estima que el 90% de los principales funcionarios de la presente gestión son simultáneamente empresarios de diferentes áreas de la producción nacional.
El presidente Abinader, en su discurso dirigido a la nación, anunció un ambicioso conjunto de obras en casi todo el país. Pero ¿de dónde sacará los recursos económicos para esas obras? ¿Tomará más préstamos a organismos multilaterales o implementará una reforma tributaria para sacarle a la gente de las costillas el dinero, lo que genera más inflación y más problemas económicos y sociales?
Lo lindo del caso es que, para esas obras, ya se ha hecho licitación de muchos componentes, compañías, etc., pero todo a través del ministro Lisandro Macarrulla, un funcionario objeto de acusación en la sobrevaluación de la Nueva Cárcel La Victoria y al que también se le atribuye incumplir en aproximadamente el 90% del Contrato San Souci, el cual firmó en el año 2005, cuando Leonel Fernández era presidente de la República.
El presidente Abinader llama al PLD, a la Fuerza del Pueblo y a los empresarios a pactar en torno a un conjunto de problemas de la vida nacional. Llamar al PLD y a la Fuerza del Pueblo es perder el tiempo. Además, ¿para qué llamar a los empresarios, si todos, casi todos están dentro de su Gobierno? Los empresarios solo están donde hay beneficios y Luis Abinader los está poniendo a guisar a todos.
Algunos pactos se oyen muy bonito, pero al momento no se tiene una sola experiencia de una obra en el marco de la alianza público-privada donde el Estado haya salido ganancioso.
Es cierto que el PLD está desacreditado, pero no se puede asumir como válido todo lo que el presidente Abinader anuncie como beneficioso para el país, sobre todo si el señor Macarrulla y demás empresarios están involucrados en las obras y en esos pactos. Se entretiene a la gente con el desastre del pasado, mientras podrían meternos nuevas modalidades de engaño. Se sugiere dar seguimiento a esas obras y a esos pactos. Huele mal.
