El procurador adjunto Wilson Camacho adelantó que el Ministerio Público procederá a apelar la sentencia con respecto a los procesados que fueron descargados cuatro de los imputados de sobornos que la constructora brasileña admitió haber pagado a cambio de ser favorecida con adjudicaciones de obras públicas.
“En los casos en que ha habido descargos, nosotros, al menos en las motivaciones que han dado las juezas en el día de hoy, hemos advertido algunas contradicciones y podemos anunciar, desde este momento, que apelaremos esta decisión con relación a las personas que han sido descargadas”, dijo Camacho.
En ese contexto, recordó las palabras de Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, en el sentido de que “los corruptos no deben tener a nadie que los ayude, ni ningún lugar donde esconderse”.
“Nosotros opinamos exactamente igual”, dijo, “y en consecuencia, una vez se nos notifique completa la decisión, estaremos recurriendo la misma con relación a las personas que han sido descargadas porque nosotros estamos convencidos de que debía haber condenas, como ha habido en este momento, pero entendemos que debieron ser más las condenas que se han presentado”.
Respecto a algunas apreciaciones del Ministerio Público con relación a las motivaciones, el procurador adjunto prefirió esperar la notificación de la decisión completa, fijada por las juezas Méndez, Yunes y Naranjo, para el jueves 25 noviembre a las 3:00 de la tarde.
Sobre la apelación de la sentencia con respecto a todas sus partes, Camacho dijo que será decisión que los fiscales tomarán cuando el equipo analice todos los argumentos de las juezas.
Camacho también ponderó los esfuerzos de los equipos de fiscales litigantes. “Lo primero que hay que resaltar en este proceso es que este equipo que me acompaña dejó el cuerpo y el alma en este juicio”, resaltó.
Expresó que el caso por los sobornos de Odebrecht deja al país con un primer caso de esa naturaleza en el que el tribunal ordena el decomiso de varios bienes que permitirán recuperar parte del dinero defraudado a los contribuyentes al desfalco al erario público.
