MI SENTIR
La Comisión Especial del Congreso Nacional que estudia las reformas a la Ley 87-01 de Seguridad Social, ha sido apoderada de una serie de propuestas que lejos de estimular la adecuación de esa legislación, provocarán que vuelva a caer en el limbo.
A nadie le cabe en su sano juicio, que, habiendo más de 720 mil millones de pesos acumulados, en las Cuentas de Capitalización Individual de los afiliados a la Seguridad Social, y aun faltando nueve años para que se produzca el plazo para comenzar el proceso de entrega de pensiones por la acumulación de las 360 cuotas, la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP), se destape con una propuesta tan inaceptable como la que sugiere el aumento hasta los 65 años de edad para que los ciudadanos puedan disfrutar de una pensión.
Con esa propuesta, que la población dominicana ha rechazado y que podría provocar una gran repulsa social, y de paso llevarse por delante los anhelados deseos de la inmensa mayoría de los ciudadanos de contar con una verdadera reforma integral a la Ley de Seguridad Social, la ADAFP, ha demostrado que desconoce la realidad del mercado laboral dominicano.
Se pueden contar con los dedos de las manos y sobran dedos, las empresas formales que mantienen en sus nóminas a personas que hayan alcanzado los 60 años de edad, ni a los que tienen diez años menos, o sea de 50 años, lo que demuestra que la propuesta de la ADAFP es inviable e inaceptable porque a los trabajadores que lleguen a los 65 años se les hará muy difícil alcanzar las 360 cotizaciones para obtener sus pensiones, debido a que estarán fuera del mercado de trabajo.
La mayoría de las empresas que se disputan el mercado de trabajo en nuestro país, buscan jóvenes de entre 22 y 29 años de edad y los que actualmente se mantienen activamente laborando, de entre los 30 y 40 años, ha sido porque llevan un promedio de 10 a 14 años sirviendo a esas instituciones y se ven obligadas a mantenerles por lo elevado que les resultan sus prestaciones laborales o porque son profesionales competentes que no han podido ser reemplazados por las ofertes del mercado.
Las propuestas que por su parte ha hecho la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS), tampoco han sido alentadoras para quienes aportan al sostenimiento del Sistema Dominicano de Seguridad Social, porque lo que la población dominicana en sentido general ha interpretado que lejos de beneficiar a los afiliados al régimen de Salud y Riesgos Laborales, lo que hacen es que los perjudica.
De no reconsiderarse muchas de estas propuestas que lo que buscan es robustecer el posicionamiento de las empresas que manejan los recursos de la Ley de Seguridad Social a favor de los afiliados a los diferentes regímenes que la conforman, advertimos que vamos a vivir momentos de inestabilidad social porque las mismas van dirigidas a crear mayores disgustos e insatisfacciones a los trabajadores del país.
¿Por qué la ADARS no propone que los 8 mil pesos que se les dispensa de medicamentos anualmente a los afiliados al Plan Básico de Salud, les sean acumulados cuando por cualquier razón o circunstancias no los agoten en ese periodo para el o los años siguientes? En este momento de reformas de la Ley 87-01, esa debería de ser una de las principales preocupaciones de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud, para que le demuestre al país que verdaderamente desea una modificación al Sistema Dominicano de Seguridad Social que ponga en el centro el bienestar de la gente.
Lo ideal sería que ese monto que estableció el Consejo de la Seguridad Social, en momentos en que la población dominicana se paró en dos patas para que de 3 mil pesos que se entregaban, fuera elevado a 8 mil pesos, sea indexado conforme a los niveles de inflación que se registren en el país y que se vayan acumulando años tras años, en caso de que el asegurado no utilice los medicamentos que les corresponde.
Siempre y cuando no se revisen ese gran cumulo de beneficios que solo favorecen a quienes administran los diferentes regímenes de la Seguridad Social, no tendremos un verdadero Sistema de Seguridad Social en la Republica dominicana, ni mucho menos podremos renunciar a los planes complementarios y especiales que actualmente amprara la Ley 87-01, en su capítulo IV, porque seguiremos todos desprotegidos y por vía de consecuencia solamente acudiendo a estos últimos podremos sobrevivir en este sistema que solamente beneficia a quienes administran el capital de los trabajadores del país.
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