Por: Alfredo Cruz Polanco
A raiz del reclamo condenatorio que hizo la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a la República Dominicana para que suspenda las repatriaciones de embarazadas haitianas hacia Haití, la misma ha provocado una gran indignación entre los dominicanos preocupados por la seguridad y la soberanía de nuestro país.
Esa indignación se debe a que este organismo, creado en el año 1945 a raiz de la Segunda Guerra Mundial, cuyos objetivos son mantener la paz y la seguridad internacional, proteger los derechos humanos, distribuir ayuda humanitaria, apoyar el desarrollo sostenible y defender el derecho internacional; con respecto a la crisis económica, política, social e institucional por las que atraviesa Haití y sus repercusiones en la República Dominicana, hoy se hunde en el desprestigio por su irresponsabilidad, silencio, indiferencia e insensibilidad para solucionar la misma, no obstante la advertencia que hizo el señor Presidente de la Republica, Luis Abinader Corona, en su última Asamblea, de que la solución a dicha crisis no está en este país.
En las últimas semanas, a pesar del gran despliegue de militares en toda la frontera con Haití, el ingreso de mujeres embarazadas haitianas hacia nuestro país ha aumentado enormemente, ocupando casi todas nuestras maternidades y hospitales, quitándole el espacio a las dominicanas, que son las que tienen el derecho a ser atendidas.
Si bien es cierto que es inhumano negarle las atenciones a una parturienta, la República Dominicana tiene todo el derecho de aplicar una férrea política migratoria y la ley de migración, tal como la han aplicado los Estados Unidos y otros países; lo que no debemos es aplicar sus métodos salvajes, utilizando caballos y látigos contra estos indocumentados, sin embargo este organismo lamentablemente no se ha pronunciado ni condenado este hecho, demostrando que solo responde a los intereses de ese país.
Nuestro país debe enviar una señal contundente a la ONU y a la comunidad internacional; ellas no tienen calidad moral para trazarnos pautas y aplicarnos sanciones, pues no están cumpliendo con su rol. Si no se hace así, nos seguirán tratando como “el pajón de mear”, pues nos han dejado solos ante la crisis haitiana, por lo que urge fortalecer su Política Exterior y sus relaciones internacionales.
Todos los sectores del país, independientemente de los colores y de las banderías políticas, debemos unirnos contra los objetivos perseguidos por la ONU, pues lo que está en juego es el destino y la soberanía nacional. Este es un país muy pobre y no puede continuar cargando sobre sus hombros con un problema ajeno, fruto de la irresponsabilidad de este organismo.
La República Dominicana tiene que aplicar fuertes controles migratorios en nuestra frontera, que es donde funciona una gran mafia, la cual permite el paso de indocumentados y de las mujeres embarazadas, las cuales pagan grandes sumas de dinero para venir a alumbrar en nuestro país.
Esta no es una tarea difícil de descubrir si hay voluntad política; basta dar seguimiento a algunos estamentos estatales, que son los responsables de lo que está ocurriendo: Los militares apostados en la frontera, los inspectores de la Dirección General de Migración y los cónsules en Haití, quienes han otorgado más de 80 mil visas, supuestamente a estudiantes universitarios, pero solo aparecen unos 9 mil matriculados en nuestras universidades.
Nuestras autoridades no deben dialogar con las pandillas criminales y mafias haitianas que sustituyen a las instituciones oficiales, que tienen el control y el poder de decisión, según lo pudo comprobar el enviado especial de los Estados Unidos a ese país, Daniel Foote.
Hay que continuar reclamándole, tanto a la ONU como a la comunidad internacional, su rápida intervención, antes de que en ese territorio ocurra un genocidio y una explosión social, la cual repercutirá negativamente en nuestro país. ¿O será que es eso lo que se espera para actuar en consecuencia?.
El autor es CPA y Máster en Relaciones Internacionales
