El Fondo Monetario Internacional (FMI) urgió el martes a El Salvador a eliminar el Bitcoin como moneda de curso legal, señalando “grandes riesgos asociados” al uso de la criptomoneda para la estabilidad e integridad financiera y la protección de los consumidores.
Los directores ejecutivos del FMI “instaron a las autoridades a limitar el alcance de la ley Bitcoin eliminando su calidad de moneda de curso legal”, señaló la institución en un comunicado, que especificó que “algunos directores también manifestaron su preocupación sobre los riesgos asociados a la emisión de bonos respaldados por Bitcoin”.
Estos señalamientos surgen a partir de la conclusión de la consulta al Artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI, en el que se revisa anualmente la situación fiscal y financiera de los países miembros, entre ellos El Salvador, país al cual le ha expresado en reiteradas ocasiones los riesgos que conlleva la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal.
La conclusión de la consulta ocurre en un contexto en el que El Salvador necesita cerrar un acuerdo de servicio ampliado por hasta $1,300 millones con ese organismo multilateral, mismo que cesó el avance de las mismas desde abril de 2021, y que se han visto aún más obstaculizadas por distintas circunstancias políticas y económicas en el país, como el golpe al Órgano Judicial que cometió la Asamblea Legislativa de corte oficialista el 1 de mayo, y la misma Ley Bitcoin que fue aprobada en los primeros días de junio.
Dentro de las observaciones que la misión del FMI hace tras el análisis de la situación fiscal del país, se encuentra que El Salvador posee una situación fiscal delicada con respecto a la deuda externa, pues “los persistentes déficits fiscales y el elevado servicio de la deuda están generando necesidades de financiamiento elevadas y crecientes”, esto último con respecto a la calificación de riesgo que el país tiene en los mercados internacionales de deuda y que le impide acceder a fuentes de financiamiento baratas.
En este escenario es donde adquiere mucha más relevancia la necesidad de lograr el acuerdo de asistencia financiera, pues sin ese acuerdo la calificación del país se haría mucho más insostenible y se le dificultaría encontrar financiamiento para honrar deudas que están próximas a vencer, tal como lo han expuesto en reiteradas ocasiones economistas salvadoreños.
A propósito de esa situación fiscal vulnerable, el multilateral también señala que “el déficit fiscal está proyectado en 5.8% del PIB en 2021 y aproximadamente 5% del PIB en 2022. Con las políticas vigentes, la deuda pública subiría a alrededor de 96% del PIB en 2026, en una trayectoria insostenible”.
En el primer avance de los resultados de la revisión, que publicó el FMI a finales de noviembre, el organismo también señaló que el gobierno salvadoreño debe ser más transparente en el gasto público y en los procesos de contratación, por lo que sugirió que “en el futuro, es necesario recopilar, clasificar y separar claramente los informes de las transacciones relacionadas con el Bitcoin para clarificar el impacto en la economía, vigilar de cerca los riesgos y reclasificar partidas según sea necesario”.
A propósito de esto, el gobierno de Nayib Bukele ha mantenido con total opacidad las operaciones relacionadas con las compras de Bitcoins y otros gastos de fondos públicos relacionados con la implementación de la criptomoneda en el país.
Gobierno dice que siguen negociaciones
Por su parte, el Ejecutivo salvadoreño, a través del titular del Ministerio de Hacienda, Alejandro Zelaya, afirmó recientemente que las negociaciones con el Fondo “continúan”, a pesar de que el propio vocero del organismo, Gerry Rice, aclaró desde noviembre que, actualmente, no se discute un programa de asistencia con El Salvador.
“Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional solo se han parado en la mente de los analistas adversos al Gobierno. Nunca el Fondo Monetario ha dicho que ha dejado de conversar con El Salvador”, dijo Zelaya en una entrevista televisiva el 4 de enero de 2022.
La aclaración sobre la inexistencia de las negociaciones las hizo Rice en el contexto del inicio de la misión de consulta al Artículo IV, y aunque esa revisión no tiene nada que ver con las negociaciones de un tentativo acuerdo, sí puede allanar el camino para que, tras las conclusiones y sugerencias del organismo, pueda, potencialmente, “apuntalar un programa del Fondo con El Salvador”, como lo dijo el vocero del FMI.
En este sentido, la postura del Fondo entorno a la adopción del Bitcoin ha sido bastante clara, pues desde julio de 2021 el organismo señaló los riesgos financieros que significa la criptomoneda para una economía como la salvadoreña, por lo que la derogación de esa ley podría ser algo necesario de cara a lograr un acuerdo.
No obstante, como lo han señalado economistas como Ricardo Castaneda, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), el gobierno de Nayib Bukele podría estar buscando otras alternativas para no “depender” del FMI, pues recientemente el mandatario incluso anunció la emisión de los Bonos Bitcoin (EBB1) respaldados con esa criptomoneda. Según el economista, ese anuncio es una forma clara de decir que el gobierno salvadoreño “no necesita del FMI”.
