La nueva Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), solicitó a la Cámara de Cuentas realizar una auditoría a los períodos comprendidos entre el 16 de agosto de 2016 al 16 de agosto de 2020, y del 16 de agosto de 2020 hasta el 22 de noviembre de 2021, como parte de las acciones que encamina en procura de transparentar los procesos.
La solicitud fue hecha por el director ejecutivo Víctor Castro en una comunicación dirigida al presidente del órgano fiscalizador, Janel Andrés Ramírez Sánchez.
Castro precisó que este requerimiento evidencia la voluntad de que en el Inabie se encaminen acciones apegadas a las buenas prácticas administrativas con el propósito de que se genere un clima de confianza por parte de todos los sectores, se recupere la institucionalidad y se fortalezcan los programas diseñados para beneficiar a los estudiantes.
“Con los datos certeros que arrojen estas autorías se podrán tener referencias claras para evaluar con objetividad los cambios estructurales que hemos empezado a realizar en esta institución con el interés de que cumpla con su noble misión”, precisa Castro en una nota.
Además, la solicitud se realiza apegada a los pilares de la nueva Dirección Ejecutiva centrados en la rendición de cuentas y realizar procesos auditables para que, los recursos de los contribuyentes entregados a esta institución cumplan con la misión de llevar bienestar a los escolares del sistema público.
Esta misma semana la Dirección General de Contrataciones Públicas depositó ante Procuraduría un informe de irregularidades en gestiones del Inabie.
El informe contiene los resultados preliminares de una investigación que lleva a cabo la DGCP junto a la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República en torno a pasadas gestiones de la referida entidad estatal.
Previo a depositar el documento, se informó que los titulares de Contrataciones Públicas y del Inabie trabajarán de manera coordinada para robustecer la investigación, cuyos resultados preliminares muestran indicios de naturaleza penal.
El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, dijo que la información recabada hasta el momento involucra a exfuncionarios del pasado gobierno y de las autoridades salientes en el gobierno actual, así como a proveedores que incurrieron en modalidades de contratación fraudulentas.
